
Hace más de una década que el Primeiro Comando da Capital posa su sombra sobre la Argentina. Que llegue al país y lo infiltre sería un desastre. El PCC, originado en las cárceles de Sao Paulo, Brasil, se extendió a Paraguay para convertirse en una corporación capaz de controlar las rutas del tráfico de armas, la venta de droga a gran escala y el sicariato con descuartizamientos como toque especial.
Hubo rumores que llegaron a las más altas esferas de los organismos de seguridad argentinos durante la presidencia pasada. Se dijo entre funcionarios de importante rango que, por ejemplo, varios de sus operadores habrían intentado reclutar a presos en cárceles de la periferia de Rosario. Un histórico del negocio narco aseguraba a la vera de una villa porteña, temeroso a pesar de su pistola al cinto: “Si llega a venir el PCC, cagamos todos. Nos limpian en una tarde. Si no vienen, es porque no es negocio”.
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Lo cierto es que la Argentina, para el PCC, hasta ahora, ha sido un refugio. Priscila Galhego Luiz, hoy de 45 años, una jugadora del Primeiro Comando, intentó esconderse en Buenos Aires casi diez años atrás, buscada por la Justicia de su país. La descubrieron y la atraparon en 2017. Hoy, casi una década más tarde, la Corte Suprema cierra su historia.
Galhego, que fue encerrada en el penal de mujeres de Ezeiza, fue capturada en marzo de aquel año por la Policía Federal: una circular roja de Interpol pesaba sobre su cabeza, con una orden de arresto emitida días antes por el juez Newton Mendes de Aragao de la Corte Estatal Nº 4 de Brasilia. La encontraron en el Apart Hotel Congreso sobre la calle Bartolomé Mitre al 1800, pleno Barrio Norte, en un vestido a cuadros.
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Priscila no se resistió al arresto, a pesar de que era considerada una ladrona consumada, una maestra: varios medios brasileños la señalaron como unachefe da quadrilha, una jefa de banda con 15 años de carrera, responsable de golpes contra objetivos de lujo en Sao Paulo, Brasilia y Recife. Ella misma consintió su extradición, aseguran fuentes judiciales. Así, fue enviada a Brasil en 2018. Sin embargo, la Justicia de Brasil impulsó la ampliación de la acusación para juzgarla por hechos anteriores no incluidos en el pedido original.
En un nuevo fallo, el máximo tribunal del país decidió conceder la ampliación de la extradición de Galhego Luiz, requerida por las autoridades brasileñas por los delitos de cinco hechos de hurto e integrar una asociación criminal.
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Galhego -que obtuvo un DNI argentino número 62 millones, la numeración usual de los presos extranjeros- fue representada por Julián Langevin, defensor general adjunto de la Nación, que apeló una decisión del Juzgado Federal N°6. El procurador interino Eduardo Casal, por su parte, pidió que se confirme el fallo previo.
El fallo, firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aseveró que “resultan tardíos los agravios” de la defensa, que alegó incumplimientos de diversos términos del tratado de extradición entre Argentina y Brasil. Langevin apuntó a que las autoridades judiciales de Brasil conocían los hechos por los que ahora se requería la ampliación, pero no los incluyeron en su planteo.
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Los jueces de la Corte continuaron: “Este obstáculo procesal en modo alguno puede ser superado por las razones de “orden público” invocadas para justificar esa intempestividad".
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