
Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a cuatro años y seis meses de prisión, la Policía de la Ciudad detuvo en las últimas horas a Samiei Sajjad Naserani, el ciudadano iraní hallado culpable de integrar una red internacional que fabricaba pasaportes falsos destinados a migrantes.
El procedimiento se concretó este viernes cerca de las 21 horas, en un departamento de la calle Caracas al 300, cuando personal de la División de Investigaciones Comuna 7 se presentó en el domicilio para dar cumplimiento a la orden de captura. Acto seguido, se gestionó un cupo en el Servicio Penitenciario Federal para coordinar su ingreso y alojamiento.
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El detenido había ingresado a la Argentina en 2019 con documentos apócrifos: arribó a Ezeiza junto con su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos que aparentaban ser de nacionalidad israelí. Sin embargo, tenían alerta roja de Interpol porque sus titulares originales los habían denunciado como robados.
A pesar de esa advertencia, el control migratorio permitió el ingreso de ambos y les devolvió los pasaportes. Horas más tarde, ya bajo la lupa de la justicia federal, ambos fueron detenidos en un apart hotel del barrio del Abasto, en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la investigación, los documentos secuestrados permitieron reconstruir los vínculos de Naserani con una estructura que operó desde 2015 hasta 2019. Esa organización habría ofrecido documentos falsos para garantizar el tránsito de migrantes —principalmente de origen asiático— por rutas de España, Portugal, Grecia, Reino Unido, Turquía e Irán.
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La resolución de la Corte
En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 consideró a Naserani responsable de usar documentación pública falsa agravada —es decir, documentos estatales falsos cuyo fin era suplantar la identidad— y le impuso tres años de prisión en suspenso. En ese fallo, lo absolvió de la acusación de integrar una asociación ilegal.
Su pareja Mansoreh Sabzali fue juzgada solo por uso de documento falso y también condenada a tres años en suspenso.
No obstante, la fiscalía presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Insistió en que Naserani no actuó solo, sino como parte de una red dedicada al tráfico de identidades falsas.
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Así, la Sala II de la Cámara, en 2021, anuló la absolución por asociación ilícita y condenó al acusado también por integrar esa organización. También ordenó fijar una pena más alta y estableció la nueva condena en cuatro años y seis meses, un 50% más que la pena inicial.
La defensa apeló nuevamente, pero la Casación ratificó el monto. Ante esto, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que ahora desestimó el recurso: según los jueces, el planteo tenía “inconsistencias en la presentación del recurso de queja”.
Según el fallo, “la prueba reunida demostró la existencia de una organización internacional que proveía documentación adulterada y que el acusado participó activamente en al menos dos operaciones”. El tribunal consideró que Naserani era “miembro y beneficiario de la estructura”.
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El modu soperandi
El modus operandi de la asociación radicaba en un tráfico constante de información entre Naserani y distintos contactos a fin de obtener no solo la documentación falsa, sino también pasajes y tarjetas de embarque para vuelos a nombre de los individuos cuya documentación falsificaban.
Durante la investigación se encontró un listado que el iraní condenado recibió del contacto “Jan Rambo” con nombres de personas y datos de vuelos y fechas, que iban desde noviembre de 2018 hasta enero de 2019.
Se registraron mensajes frecuentes en los que Naserani le encargaba pasajes a “Jan Rambo” para distintas personas. Parte de este listado también lo envió un contacto agendado como “Shafiq”, presuntamente vinculado a una agencia de viajes en Atenas, Grecia. Para los investigadores, estos dos remitentes eran los que gestionaban los pasajes para Naserani.
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El grupo también manipuló documentos argentinos. Entre el 12 y el 16 de marzo, un contacto llamado “Mehdi Kachal 2″ envió a Naserani nueve DNI y pasaportes, la mayoría de los cuales tenían denuncia de robo.
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