Plan de pagos por un bebé: los chats para captar a las mujeres de Córdoba que vendieron sus vientres por 10 mil dólares

Hay un chat en manos de la Justicia federal cordobesa, uno de tantos en el expediente que investiga a las clínicas Fecundart y Nascentis, dedicadas a tratamientos de fertilidad.

En este expediente, según la acusación de la Justicia federal, mujeres jóvenes y pobres eran captadas para la gestación de bebés, para que luego entregaran a los niños a parejas argentinas por dinero, montos de 10 mil a 18 mil dólares. Muchas de estas mujeres ya eran madres previamente.

La oferta fue detallada precisamente en el chat en cuestión, casi como si fuera un paquete turístico: 18.200 dólares en total, con 350 dólares mensuales y 12 mil tras el parto. Habría bonos por “seriedad y puntualidad”, dos mil dólares más, más otros 300 dólares en ropa. Es inquietante si uno entiende que, del otro lado de la conversación, hay una vida humana en el medio.

Otro plan de pagos se discutía en conversaciones similares, siempre como un folleto. En otro chat, el esquema detallaba un bono final de 5 mil dólares y un iPhone13 ”a partir del momento en que quedás embarazada”.

El problema, aquí, y en cualquier otro caso similar, es el marco legal. En la Argentina, subrogar un vientre no es delito, tampoco venderlo, como ocurre, por ejemplo, en Ucrania o Estados Unidos, donde un vientre puede costar hasta 15 veces más que en Córdoba capital.

Sin embargo, puede existir un delito en torno a la situación. Para tres fiscales, las mujeres en este caso cordobés fueron captadas y explotadas en su vulnerabilidad, presuntas víctimas del trata de personas.

Así, a mediados de mayo, el juez Alejandro Sánchez Freytes, precisamente, procesó por el delito de trata agravada por abuso de una situación de vulnerabilidad al médico cirujano José Antonio Pérez Alzaa, de 66 años, uno de los socios de Grupo Fecundart y director de la clínica al momento de los hechos- y a Paula Mariana Liendo, de 52 años, cuñada de Pérez Alzaa, ex monotributista, administradora de departamentos según ella misma. En el caso de Fecundart, dos mujeres fueron señaladas como víctimas.

El abogado Nicolás Enrique Gigena, vinculado a Nascentis, fue procesado por cinco víctimas. Los delitos: otra vez, trata agravada y tentativa de falsedad ideológica, mentir en un documento público.

El embargo global que impuso el juez es notable: más de mil millones de pesos.

La investigación a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari, el fiscal general Carlos Gonella y la PROTEX -el área de la Procuración que investiga delitos de trata con la fiscal Alejandro Mangano- delineó los roles en torno a Fecundart, ubicada en el barrio Nueva Córdoba, así como el mecanismo que supuestamente empleaban para marcar a las prestadoras de vientres, un tanto perverso.

“La clínica Fecundart habría establecido, en muchos casos, un primer contacto con las víctimas a través de sus “donaciones de óvulos”“, asegura un documento del expediente, lo que permitía conocer la identidad de la mujer explotada. El mismo esquema habría sido aplicado en el caso de la clínica Nascentis.

La falsedad ideológica por la que se procesó a Gigena -un delito grave para un abogado- se centra en documentos en torno a los bebés mismos, con acuerdos firmados entre las madres y los padres que contrataban al vientre, que debían ser homologados por la Justicia de familia cordobesa. En esos acuerdos supuestamente truchos, Gigena habría invocado “una amistad” entre las madres y las parejas “que en los hechos resultaba inexistente, así como también habría descripto un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante”, aseguró Sánchez Freytes en su procesamiento.

Entre la documentación secuestrada al abogado se encontró un archivo titulado “Acuerdo Privado Entre Partes – De fecha Voluntad Procreacional – Compensación Económica”, con fecha del 2 de febrero de 2022 “a través del cual los padres intencionales se comprometen a efectuar a favor de la gestante una compensación económica de diez mil dólares”.

El esquema parecía voraz. Según el procesamiento, una presentación fue rechazada porque la mujer había parido tan solo 45 días antes. En otro caso, el trámite no prosperó la Justicia de familia ya había detectado “una situación de vulnerabilidad”. El último trámite en la lista del abogado Gigena ni siquiera tuvo chance: la causa en la Justicia federal ya había explotado para ese entonces.

Este, hasta aquí, es el caso a grandes rasgos. Luego, está el drama privado. Y ese drama privado se desarrolla, entre otras cosas, en los chats de la causa, la forma empleada por Gigena para, de acuerdo a la acusación, captar y asegurar a las víctimas.

En una conversación atribuída a Gigena, por ejemplo, el abogado le pide a una de las víctimas una serie de fotos “para los padres intencionales”. También, “alguna foto con tu hija”. “Le mando alguna tranqui, no como la de mi perfil”, respondió la mujer. “Jaja, sí, más tranqui”, dijo el letrado.

Los informes ambientales fueron una parte crucial de la investigación. El procesamiento del Juzgado Federal N°2 de Córdoba incluyó imágenes de las viviendas de las víctimas, detalles de sus ingresos, sus vidas con sus hijos.

La chica que quería escribir

La acusación al abogado Gigena incluyó a una joven de la periferia de Córdoba que hoy tiene 26 años, madre, beneficiaria de planes sociales. Vive en un barrio de casas bajas, con los techos de chapa apisonados por piedras. Al momento de la investigación, cobraba una Asignación Universal por Hijo, con la tarjeta Alimentar. Su ex le pasaba unos módicos $40 mil por mes. Ya había vendido cinco óvulos a la clínica Nascentis, lo que le permitió hacer “su casita”, donde cocinaba con un anafe eléctrico.

Vivía hacinada junto a su madre, su hermana mayor y su hija, con una sola canilla para todas ellas, ubicada en el exterior de la propiedad. “Ni al baile voy”, declaró. Decía que reparaba celulares, que amaba escribir, que esperaba, en algún momento, terminar el secundario. Llegó al abogado de parte de otra donante de óvulos en Nascentis. El 2 de mayo de 2023, Gigena la citó en su estudio. Cinco meses más tarde, la mujer le pedía el depósito del dinero.

En noviembre de aquel año, le anunció al abogado que estaba embarazada de un mes y una semana. Ese bebé estaba supuestamente destinado a una mujer, una profesional de buen pasar adquisitivo, que había sufrido un cáncer de útero.

Sin embargo, la chica que amaba escribir desistía del plan por “problemas con el papá de mi nena”. El abogado reaccionó de inmediato, pasó a visitarla. ”¿Por qué te venís a echar atrás si las cosas ya las firmamos?“, le habría dicho. El abogado procesado mismo reconoció esa visita. La mujer le respondió: ”Gigena, no tengo ni 200 pesos para un boleto".

Hoy, la chica que amaba escribir está marcada como una deudora en el sistema crediticio, con rojos de vieja data por préstamos que no llegan a 200 mil pesos.

La imputación en el expediente, originalmente, era mucho mayor. Varios sospechosos fueron sobreseídos en la causa por decisión del juez Sánchez Freytes, entre ellos, autoridades médicas de las clínicas. Los procesados fueron, también, sobreseídos en los casos de otras presuntas víctimas.