En una entrevista en Infobae al Regreso, el dirigente radical Rodrigo de Loredo sostuvo que la liberación de Claudio Barrelier, acusado de delitos graves, expone una red de impunidad y favores entre el poder político, la Justicia y sectores vinculados a barras bravas en Córdoba.
Durante el diálogo, De Loredo precisó: “Lo estamos pidiendo la oposición de la legislatura de la provincia de Córdoba, veinte legisladores, el jurado de enjuiciamiento, que es investigar el proceder de los fiscales”.
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Jury contra fiscales tras la liberación de Claudio Barrelier
De Loredo atribuyó la actual crisis a la intervención del fiscal Iván Rodríguez: “No es disparatado pensar que si ese fiscal actuaba bien hoy no estábamos lamentando el fallecimiento de Agostina”. Detalló que Rodríguez, con pasado político, fue designado en un cargo vitalicio tras liberar a Barrelier, quien ya tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad y amenazas.
El dirigente recordó el episodio que derivó en la denuncia: “La primera denuncia a las tres de la mañana, que se la toman con la suerte toda la gente humilde en Córdoba”. Según explicó, la madre de la víctima amplió la denuncia horas después, identificando a Barrelier.
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Al referirse a la estructura judicial local, De Loredo explicó: “Córdoba fue la primer provincia que reformó su sistema judicial y los fiscales son los que investigan. El fiscal general se designa con mayoría simple en la legislatura y su poder es muy elevado”.
Contrataciones estatales y protección política a barras
En la conversación, De Loredo describió un entramado de contrataciones y protección estatal: “El peronismo contrata a cientos y miles de personas en el Estado y entre esas cientos y miles, ¿se le escapó un criminal? ¿Se le filtró un criminal? No tengas dudas que es lo segundo. Claudio Barrelier fue contratado por barrabrava para que lleve adelante actos de barrabrava”.
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El dirigente puntualizó cómo estos vínculos benefician a organizaciones delictivas: “Los barrabrava en Córdoba tienen pleno empleo. Se usan para llevar votos, organizar actos, ofrecer custodias, instaurar campañas del miedo. Y eso se paga. Se paga con contratos en el Estado, con becas como este Barrelier designado por Llaryora, a sabiendas de su antecedente penal”.
Al analizar el crecimiento de la planta estatal, informó: “Cuando asume Llaryora en el municipio había 14 mil personas que cobraban un cheque del municipio. Hoy hay 29 mil personas”.
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El rol de Ricardo Moreno y la urgencia de sanción
La denuncia de De Loredo se centró en el concejal Ricardo Moreno, penalista y dirigente peronista: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
Cuestionó la liberación de Barrelier: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias? ¿Cómo logra un abogado sacar una persona con ese testimonio de esa chica, con la imagen de una piba desnuda, esposada con una cinta saliendo...?”.
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La oposición, según confirmó, presentó el pedido formal de expulsión del concejal: “Hemos pedido inmediatamente la expulsión de Ricardo Moreno. No puede ser más concejal de la ciudad de Córdoba”.
Corrupción en las fuerzas de seguridad y crisis institucional
De Loredo vinculó los hechos recientes con una crisis estructural: “Tenemos la jefatura de la policía, todos en cana, por organizar desde la jefatura de policía el delito. La jefatura del servicio penitenciario, todos en cana. La jefatura de la caminera, todos en cana. El caso del pediátrico es récord latinoamericano de los últimos 30 años”.
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El radical advirtió que la impunidad sigue vigente: “Nada devuelve la vida de Agostina. Pero ojalá que podamos darnos un debate de la decadencia, de las vinculaciones políticas con el poder judicial, de la impunidad”.
Cerró enfatizando la importancia de la denuncia y el proceso judicial: “Si nosotros no impulsamos el jurado en enjuiciamiento, no lo impulsa nadie”.
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