El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió imponer una restricción de concurrencia administrativa de veinticuatro meses a once personas identificadas por haber protagonizado una gresca durante el partido disputado el 11 de marzo de 2026 entre los equipos principales de Argentinos Juniors y Rosario Central, según publicó el Boletín Oficial de la República Argentina el 15 de abril de 2026. La prohibición aplica a todo evento deportivo celebrado en el país, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad en los espectáculos masivos.
La medida surge tras la recepción de la resolución de la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispuso restringir el acceso y la permanencia en estadios —incluidos los perímetros de seguridad definidos en el artículo 2° de la Ley N° 5.847— a los implicados por un período de dos años. Los involucrados fueron identificados por personal de la Policía de la Ciudad tras la riña, que comenzó en el interior del estadio de la Asociación Atlética Argentinos Juniors y luego se trasladó a la vía pública. El caso fue elevado a la Fiscalía en turno por infracción al Código Contravencional porteño.
Once personas sancionadas por violencia en el fútbol argentino
De acuerdo con el Boletín Oficial de la República Argentina, los sancionados son: Sarkis Emir Tchirichian, Máximo Santiago Garrido, Thomas Ezequiel Landon, Juan Marcelo Paz, Demian Boudone, Christian Ariel Blanco, Sergio David López Benítez, Domingo Víctor Hugo Ramos, Ignacio Damián Scinocca, Sergio Gustavo Vallejos y Segundo Rafael Torrez. Todos ellos quedan incluidos en el Programa Tribuna Segura y no podrán asistir a ningún espectáculo deportivo en territorio nacional hasta abril de 2028.
Esta sanción se dictó conforme a la Resolución N° 354-E/2017 —modificada por el Ministerio de Seguridad Nacional— y al Decreto N° 246/2017, reglamentario de la Ley N° 20.655, que faculta a la autoridad a dictar medidas restrictivas para las personas consideradas riesgos potenciales para la seguridad pública. El texto menciona que el Estado, a través de los organismos competentes, debe “velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos”.
El episodio que dio origen a la sanción ocurrió durante la Copa de la Liga Profesional de Futbol, torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Según la publicación oficial, la intervención tuvo como fundamento la necesidad de acentuar la prevención de hechos de violencia antes, durante o después de los encuentros, y facilitar la coordinación entre organismos nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para aplicar de modo uniforme las restricciones establecidas.
La disposición, firmada por Alejandra Susana Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, comenzó a regir inmediatamente a partir de su dictado. La actuación conjunta entre la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos y el ente porteño demuestra la implementación activa de los circuitos estratégicos previstos para el accionar coordinado de las fuerzas federales y organismos estatales en la prevención de incidentes vinculados al fútbol profesional.
El procedimiento legal respaldó el accionar conjunto de Nación y Ciudad
El dispositivo legal invocado incluye la Ley N° 22.520, la Ley N° 20.655 y sus normativas complementarias, el Decreto N° 246/17 y la Resolución ministerial N° 354-E/2017, que otorgan competencia explícita al Ministerio de Seguridad Nacional tanto en materia de prevención como en la aplicación de restricciones contra personas identificadas como generadoras de riesgo.
Con la inclusión de los once agresores en la base de datos nacional de restricción administrativa de concurrencia, el Ministerio robustece su estrategia de intervención precoz y respuesta rápida ante incidentes de violencia en eventos deportivos, en sintonía con la actualización de los protocolos de seguridad vigentes desde 2017.
La restricción de concurrencia administrativa establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional contra once individuos involucrados en una pelea relacionada con el encuentro de la Copa de la Liga Profesional entre Argentinos Juniors y Rosario Central implica la prohibición de acceso a cualquier estadio o perímetro de seguridad vinculado a eventos deportivos en todo el país. La sanción, dictada por un plazo de veinticuatro meses e instrumentada mediante las normas específicas que regulan la seguridad en espectáculos deportivos, responde al objetivo estatal de impedir que personas identificadas como violentas alteren el desarrollo de futuras competencias profesionales.
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