La intendente interina de Caraguatay (Misiones), Norma Gularte, asumió la conducción del municipio tras la denuncia penal contra el intendente titular, Mario Peyer, quien se encuentra de licencia desde hace casi un mes. En este contexto, la funcionaria inició un proceso de auditoría interna e identificó graves irregularidades en la gestión de los fondos.
El caso, iniciado tras la acusación de una empleada del Consejo Deliberante por abuso sexual, mantiene en vilo a la comunidad mientras la justicia avanza con la investigación.
Hoy miércoles, Peyer deberá presentarse a declarar ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo apartó del cargo.
Durante estos treinta días, Gularte no solo se ocupó de la gestión diaria sino que también impulsó una revisión exhaustiva de distintas áreas del municipio. La transición estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas. La funcionaria interina puso el foco en detectar posibles irregularidades administrativas y operativas, algunas de las cuales ya fueron elevadas a la Justicia y a las autoridades policiales locales.
La revisión interna reveló datos de alto impacto sobre el uso de recursos municipales. Según Gularte, el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales que prestan servicios a la comunidad. Estos números, recopilados en el informe preliminar, fueron remitidos ante la comisaría y la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.
De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, en paralelo al control de recursos, la intendenta interina identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar durante su gestión, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales.
Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad y el sostenimiento de servicios esenciales, entre ellos la recolección de residuos y la ambulancia.
Durante el proceso de auditoría también surgieron obstáculos en el acceso a la información financiera y administrativa del municipio. Según explicó la intendenta interina, el equipo a su cargo no pudo acceder a los archivos contables ni a los documentos digitalizados porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema informático. Esta situación, junto con otras inconsistencias detectadas, fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local.
Además, se habló del hallazgo de cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, situación que continúa bajo investigación.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el intendente solicitará una prórroga de su licencia, que expira este jueves. Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales y los derechos de todas las partes involucradas.
En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, Gularte manifestó que volverá a ocupar su banca en el Concejo Deliberante y que exigirá explicaciones sobre las irregularidades observadas durante su gestión al frente del Ejecutivo local.
Ahora, el proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos. A la espera de la declaración de Peyer, la estructura municipal se mantiene en estado de revisión y ajuste, con la promesa de mayor transparencia y control sobre la gestión de los recursos públicos.
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