El juez Javier Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento por administración fraudulenta contra el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, acusados del robo de ampollas de propofol del Hospital Italiano, en una investigación donde participa el fiscal Lucio Herrera.
El magistrado también les prohibió salir del país y dispuso embargos sobre sus bienes: $70.000.000 para Boveri y $30.000.000 para Lanusse. Ninguno de los dos acusados recibió la prisión preventiva. Fuentes de la causa aseveraron a Infobae que los testimonios recopilados en el expediente complicaron a ambos acusados. Inicialmente, habían sido investigados también por el delito de hurto. Sin embargo, esa imputación no prosperó, al menos, en esta etapa de la causa.
En el procesamiento se explica que Boveri tuvo un “rol protagónico” en la maniobra por su jerarquía en el Italiano (trabajaba hace 18 años y renunció) y el acceso a la medicación, entre otras cosas. En cambio, a Lanuse se le adjudica un “rol secundario”.
El período de la maniobra se estimó entre 2023 y febrero de 2026, fecha de la denuncia del Italiano y de la Asociación de Anestesistas. Sin embargo, no se sabe la cantidad de fármacos que salieron en manos de Boveri y Lanusse.
Además, se mantuvo la prohibición de contacto entre ambos y la salida del país por 90 días. El juez Javier Sánchez Sarmiento ordenó una serie de medidas vinculadas con los soportes tecnológicos secuestrados (teléfonos celulares, tablet, etc) y declaraciones testimoniales, entre otras.
El caso se enmarca en el escándalo de las “propofest”, supuestas fiestas de “viajes controlados” con el potente anestésico. Es una trama que involucra a otros dos expedientes penales, donde se investigan las muertes del anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt. La causa contra Boveri y Lanusse comenzó el 23 de febrero, tres días después del fallecimiento de Zalazar.
La trama del caso
Zalazar fue hallado sin vida con una vía conectada a su pie derecho el 20 de febrero pasado; la Policía de la Ciudad encontró propofol y midazolam en su domicilio de la calle Santa Fe. El cadáver de Bentancourt, que falleció un mes más tarde, tenía una marca de inyección en el pliegue derecho. Se hallaron más de 50 ampollas en su departamento de la calle Oro, entre ellas, cinco de propofol. Una jeringa fue hallada en la cocina; una ampolla de fentanilo esperaba a los forenses, abierta en el fondo de un tacho de basura.
Lanusse, precisamente, fue vista según testimonios en el departamento de Zalazar luego de su muerte junto con la también residente “Tati” Leclercq, su íntima amiga. La joven residente y el anestesiólogo Boveri fueron denunciados por abogados de AAARBA, la asociación que nuclea a los anestesistas porteños, poco después de la muerte. Gonzálo Domenech, jefe del Servicio de Anesteseología del Hospital Italiano, se había presentado en la asociación, para reportar comentarios de los propios residentes del lugar que habían visto a Lanusse “en un estado de sedación”.
“Fini” fue citada por AAARBA en su investigación interna, que luego entregó a la Justicia. Aseveró que tenía “un vínculo personal con Boveri”, de acuerdo a documentos de la causa, y que “en ese contexto, habrían tenido lugar episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario”.
Boveri fue citado también, reconoció que en el domicilio de Lanusse “se consumía propofol”: el Italiano le exigió que se tome una licencia. La sospecha de AAARBA es que ese propofol habría sido robado del Italiano mismo. Sin embargo, ninguno de los dos acusados replicó estos relatos en sus indagatorias.
Julieta, la hermana de Salazar, también se presentó a declarar en AAARBA. Aseguró ante Carlos Bollini, vicepresidente de la institución, que su hermano había comenzado a consumir propofol, al menos, dos meses antes de su muerte, “presuntamente instigado por alguien”.
También, que oyó hablar de “fiestas” donde “los residentes se administran unos a otros estas drogas”, supuestamente liderados por “un médico referente del Hospital Italiano”.
El expediente del juez Sánchez Sarmiento, por su parte, solo se dedica a investigar el supuesto robo en el Hospital Italiano. Hasta mediados de esta semana, la institución médica no había entregado un arqueo de su material para determinar, exactamente, qué se robó. La investigación, desde ya, continúa en paralelo a las causas por las muertes de los dos enfermeros, que continúan sin imputados.
*Con información de Omar Lavieri
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