Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica recomendó no reelegir a Patricia Solano Castro, actual presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para un nuevo período de ocho años, luego de que los diputados oficialistas cuestionaran su desempeño frente a los problemas de criminalidad que enfrenta el país.

La decisión fue tomada mediante una votación de cuatro legisladores en contra de la reelección y tres a favor.

Los votos contrarios a su continuidad provinieron de Marta Esquivel Rodríguez, Yara Jiménez Fallas, Antonio Barzuna Thompson y Gerald Bogantes Rivera, todos integrantes del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Por su parte, Janice Sandí Morales y Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), así como Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, apoyaron que la magistrada permanezca en el cargo.

Oficialismo cuestiona resultados frente a la criminalidad

Durante la discusión, la diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, cuestionó el desempeño de la magistrada y su papel dentro del sistema de justicia penal.

“Doña Patricia, encargada del tema penal de la Corte, no ha podido generar una política criminal acorde con la realidad del país”, manifestó la legisladora para justificar su voto.

La diputada Yara Jiménez también cuestionó la respuesta del Poder Judicial frente al incremento de la inseguridad, mientras que Antonio Barzuna hizo referencia a casos de personas solicitadas en extradición por Estados Unidos que, según señaló, no tenían procesos judiciales abiertos en Costa Rica.

Los oficialistas consideran necesario impulsar cambios dentro del Poder Judicial para mejorar la respuesta institucional frente al crimen organizado.

Patricia Solano defiende su trabajo y pide evaluar resultados

Durante su comparecencia ante los diputados, Patricia Solano defendió su trayectoria y pidió que la decisión sobre su permanencia se fundamentara en información comprobable, y no en diferencias personales o políticas.

“Tengo claro que no todas las personas son afines y no todas las personas están conformes con mi reelección”, manifestó.

La magistrada, quien trabaja en el Poder Judicial desde 1988, recordó que ocupa su cargo en la Sala Tercera desde noviembre de 2018.

También presentó cifras sobre la cantidad de expedientes pendientes en esa sala.

Según explicó, cuando ingresó existían aproximadamente 477 casos pendientes, cifra que disminuyó a 306 durante 2021 y 2022. Sin embargo, para septiembre de 2026, la cantidad había aumentado a 558 expedientes.

Solano atribuyó parte del incremento a la complejidad de los asuntos que ingresan al tribunal.

Además, advirtió que los recortes presupuestarios propuestos para el Poder Judicial podrían provocar mayores atrasos en la atención de los casos.

Oposición respalda continuidad de la magistrada

Los diputados de oposición que votaron a favor de Solano defendieron su experiencia, trayectoria y conocimiento del sistema judicial.

La legisladora Janice Sandí, de Liberación Nacional, consideró necesario preservar la independencia del Poder Judicial.

“Debemos apoyar su reelección por su experiencia, conocimiento y compromiso con la justicia costarricense”, afirmó.

Por su parte, Antonio Trejos, del Frente Amplio, sostuvo que la decisión debe basarse en criterios técnicos y resultados concretos.

El legislador también pidió fortalecer los mecanismos para reducir la cantidad de expedientes pendientes y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

¿Qué necesita el oficialismo para impedir la reelección?

Aunque la Comisión de Nombramientos recomendó que Solano no continúe en el cargo, la decisión todavía no es definitiva.

Según el artículo 158 de la Constitución Política, los magistrados son nombrados por períodos de ocho años y su reelección es automática, salvo que al menos 38 diputados voten en contra.

Actualmente, el Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 legisladores, por lo que necesitaría conseguir el respaldo de al menos siete diputados de oposición para impedir la continuidad de Solano.

El período actual de la magistrada vence el 6 de noviembre de 2026, fecha antes de la cual deberá resolverse su situación.

De no alcanzarse los votos necesarios para bloquear su continuidad, Solano permanecerá en la Sala Tercera durante otros ocho años, hasta 2034.

Solano también busca presidir la Corte Suprema de Justicia

La discusión legislativa ocurre mientras Patricia Solano participa en otro proceso dentro del Poder Judicial: la elección de la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada figura entre las cuatro personas postuladas para ocupar ese puesto, cuya elección está programada para el lunes 26 de octubre.

La persona seleccionada deberá obtener al menos 12 votos de Corte Plena y ejercerá la presidencia durante cuatro años.

De esta manera, Solano enfrenta dos procesos importantes para su futuro profesional: la decisión legislativa sobre su reelección como magistrada y la elección interna para definir quién dirigirá el Poder Judicial durante los próximos años.