
Para la Argentina de 2026, drogarse con el botiquín de un anestesista se convirtió en una macabra posibilidad. Tres causas penales, investigadas en paralelo en la Justicia porteña, detallan el fenómeno.
Este lunes por la tarde, el Ministerio Público Fiscal difundió los resultados de la autopsia al cuerpo del enfermero Eduardo Bentancourt, hallado muerto la semana pasada en su departamento de la calle Oro de Palermo. Había poco más 50 frascos de diversas sustancias como propofol y fentanilo. Una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar” lo llevó a la muerte. Se encontró una jeringa con tres ampollas usadas en la cocina y una marca de inyección en el pliegue de su codo derecho.
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¿A Betancourt lo mató una posible inyección de anestesia? Las pericias toxicológicas a cargo del Cuerpo Médico Forense -que podrán demorar semanas- deberán determinarlo, con un expediente a cargo del fiscal Carlos Vasser.

¿Qué pasa con las “propofest”?
La noticia de la muerte de Betancourt, que explotó el viernes por la noche, irrumpió de lleno en la narrativa de la muerte del residente médico Alejandro Zalazar, en medio de frascos de anestésicos supuestamente robados del Hospital Italiano. Esa muerte es investigada por el fiscal Eduardo Cubría.
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En simultáneo, el presunto robo en el Hospital Italiano arrastró a Tribunales al anestesista Hernán Boveri y la también residente Delfina Lanusse, alias “Fini”, en un expediente a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento junto al fiscal Lucio Herrera.
En el medio, se encuentran las sospechas de las “propofest”, las supuesta fiestas de “viajes controlados”, otra vez, con el propofol como sustancia clave. Boveri y Lanusse terminaron allanados e indagados por el hurto de los fármacos en el Italiano. La causa en su contra no menciona al posible uso de fentanilo.
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La ley argentina no considera al propofol una droga ilegal. Por ende, la Justicia no investiga las “propofest”. La causa contra Boveri y Lanusse por ahora, apunta solo al hurto en el Hospital Italiano. Si no se vinculan con las muertes de Salazar y Bentancourt, u otro daño que sea denunciado, tampoco serían investigadas en otro expediente.
Hasta el momento, según confirma una alta fuente judicial a este medio, tampoco se encontraron vínculos entre Boveri, Lanusse y las muertes de Betancourt y Salazar. El teléfono del anestesista fue incautado en el allanamiento a su domicilio; lo que diga la pericia a ese aparato será clave.
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Esto lleva a una paradoja, a un problema gravísimo en un mundo muy pequeño. ¿Cuántos adictos al propofol y al fentanilo hay en la Argentina? ¿Cuán general es este consumo marcado por la muerte? ¿Acaso el propofol es realmente parte de la historia del consumo de drogas en Argentina?

El “enfermero cero” y el mercado negro
El Servicio de Toxicología del Hospital Fernández es la métrica histórica de la adicción a las drogas en la ciudad de Buenos Aires. Si algo pasa, casi invariablemente, pasa por el Fernández.
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Hay una historia en sus pasillos que es al menos interesante para entender el mapa actual. Carlos Damín es el histórico jefe del Servicio y director del Fernández. Damin es uno de los mayores expertos en la materia en Argentina. Decir que sabe del tema es poco.
-Doctor Damín, ¿cuántos usuarios de propofol encontró en el Servicio en la última década?
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-Uno solo. Y era un enfermero.
Este enfermero, un profesional porteño, de clase media y de poco más de 30 años, llegó al Hospital Fernández cerca de 2016 con un problema de consumo de fentanilo. En esos diálogos en el Fernández, el enfermero reconoció haber consumido propofol en al menos dos ocasiones. Así, atravesó un tratamiento, que completó de forma exitosa.
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El Servicio de Toxicología tuvo, en su momento, un espacio para tratar adictos a los opioides, con escasos pacientes. Irónicamente, dos años más tarde, un enfermero del Fernández, un hombre almidonado y formal llamado Rubén, fue imputado y procesado en la Justicia porteña por robar siete ampollas de fentanilo.
En 2019, otro expediente fue iniciado en la Justicia federal con una acusación a cargo de la fiscal Paloma Ochoa por otro robo, esta vez en el Hospital Churruca. El botín fueron más de 400 ampollas de propofol. ¿Para qué se las llevaron? ¿A dónde fueron a parar? El mercado negro que alimenta a lugares donde se necesita anestesia sin papeles -centros de estética flojos de papeles, salas de abortos clandestinos, veterinarias- es una chance de tantas.
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El conde y el nazi porteño
Propofol y fentanilo, aunque conviven en el mismo botiquín, son mundos aparte. “El propofol es un hipnótico. El fentanilo, un opiáceo”, sigue el médico Damín. El primero duerme al paciente, el segundo calma su dolor. La chance de una adicción al fentanilo es mucho más probable que la del propofol. A fines de 2025, el Hospital Fernández no registraba ningún usuario de fentanilo, sea por consumo o por abstinencia. Mucho menos, por propofol.
Los usuarios de sustancias de anestesistas, de inyectables, coinciden expertos, siempre fueron pocos, separados entre sí: hombres que podían pagar a un farmacéutico corrupto o profesionales de la salud.
Hubo, al menos, un posible adicto al fentanilo a nivel local, según registros judiciales. Era un técnico en computación con un pasado turbulento, ligado a un histórico grupo nazi porteño, condenado en 2015 por un homicidio cometido en CABA.
Testigos aseguraron que se inyectaba varias veces al día. El mismo acusado lo reconoció en su indagatoria. Incluso, aseguró que consumió la droga en la mañana del crimen. Cómo la conseguía, no lo dijo.

El conde Federico Zichy Thyssen, uno de los hombres más ricos de la historia argentina, fallecido en 2014, se inyectaba con meperidina, un potente analgésico, vendida bajo el nombre de Demerol. Lo hacía, al menos diez veces por día, en un cálculo conservador, según estimaron los especialistas que lo trataban.
Le había tomado el gusto a la sustancia luego de romperse las dos piernas en un furioso accidente de auto en la Costa Azul francesa. Su entorno sospechaba que traía su droga en avión privado desde Paraguay.
Mientras tanto, las “propofest” permanecen en la fantasía pública. ¿Ocurrieron? ¿No ocurrieron? El dato, lo investigue la Justicia o no, puede surgir en el teléfono del anestesista Boveri.
En todo caso, asegura una alta fuente oficial, el posible delito de las “propofest” radica en inyectar a terceros con sustancias posiblemente robadas de un hospital.
“Se necesitaria tener un hecho real de venta de mercadería sustraída, hasta ahora no hay pruebas de este delito. A esto hay que ponerle la cara, hace falta imputado. Es la misma situación con respecto a comprar un teléfono robado. Podría ser un encubrimiento”, apunta la misma fuente.
“Estos audios que circulan son ajenos a la causa”.
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