La muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que fue hallado sin vida por sobredosis de propofol y fentanilo en su departamento de Palermo, expuso una trama de robo de medicamentos en el Hospital Italiano y la organización de fiestas privadas donde se consumían anestésicos. Según la Justicia, los médicos Hernán Boveri y Delfina Lanusse serían los principales sospechosos.
El cuerpo de Zalazar fue descubierto el 20 de febrero. Así, se inició una causa judicial con la intención de establecer en qué circunstancias se produjo su muerte. Tras conocerse los resultados de la autopsia, se confirmó que sufrió una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, provocados por el consumo de propofol y fentanilo.
En la escena, las autoridades identificaron insumos pertenecientes al Hospital Italiano, lo que abrió paso a una línea paralela por presunto robo de insumos médicos. Sobre todo, porque ese tipo de sustancias son de uso exclusivo en anestesiología, por lo que no es posible adquirirlas en farmacias.
Esta causa fue reforzada por la denuncia realizada por la dirección del centro médico privado. “El Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro”, indicaron en un comunicado, donde confirmaron que Boveri y Lanusse fueron apartados de la institución.
A partir de esto, el juez de instrucción Martín Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera impulsaron la investigación, que derivó en allanamientos y la imputación de los anestesistas. Según confirmó Infobae, ambos declararon por Zoom el martes y negaron los cargos. Al anticipar que presentarían escritos en su defensa, la Justicia les prohibió salir del país mientras sigue la instrucción.
Hasta el momento, Boveri y Lanusse son los únicos investigados por administración fraudulenta de drogas y posible comercialización de “viajes controlados” con insumos hospitalarios. Mientras que Boveri era uno de los principales anestesiólogos del Hospital Italiano, con participación destacada en organismos internacionales y jornadas científicas, la mujer era una residente del tercer año de la especialización en anestesiología.
Sin embargo, las autoridades judiciales buscarán determinar si hay más responsables en la organización de estas fiestas y si existió venta ilegal de fármacos entre médicos y allegados. Para esto, consideraron fundamental lograr la apertura del teléfono de Zalazar, que fue encontrado junto a su cuerpo, tarea que será delegada a un equipo de especialistas informáticos.
Otra de las partes involucradas en el caso se trata de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA), cuya sede en el barrio porteño de Caballito fue allanada el 1 de abril por la Policía de la Ciudad. El procedimiento tuvo el objetivo de recopilar las actas vinculadas a los profesionales imputados y material relevante para la causa.
“La asociación es la más interesada en que esta causa funcione, porque no está imputada, es denunciante”, explicó el representante legal de la institución, Eduardo Gerome, durante una rueda de prensa. Asimismo, aclaró que la denuncia fue presentada luego de que el Hospital Italiano iniciara acciones legales en contra de los sospechosos.
En línea con esto, indicó que desde AARBA buscaban colaborar con el avance del expediente, por medio de la entrega de esta documentación. “Se acompañó toda la información que era necesaria y ahora el juzgado manda a la policía a que retire cualquier documentación que se tenga", aclaró.
De la misma manera, confirmó que tanto Lanusse como Boveri fueron citados por los directivos de la Asociación para brindar explicaciones respecto a las acusaciones. A pesar de esto, remarcó que no podía revelar el contenido de las conversaciones, ya que se trataría de información privada.
El caso adquirió notoriedad pública esta semana cuando comenzó a circular un audio de WhatsApp, donde se describían fiestas privadas conocidas como “Propofest”. Allí, un grupo reducido de médicos habría organizado encuentros para experimentar “viajes controlados” por medio del uso de fármacos.
De acuerdo con el relato extraído de esa nota de voz, se indicaba que, en cada una de estas reuniones, estaba presente un “controlador”, que se trataría de un especialista encargado de intervenir si existía algún tipo de emergencia durante el suministro de las sustancias.
Por este motivo, la Fiscalía investiga si existió un cobro por estos servicios y si se trató de un circuito cerrado entre profesionales de la salud. Respecto a la muerte de Salazar, también buscarían determinar si hubo un nexo entre estas fiestas privadas y/o la presunta venta de los fármacos.
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