Imputaron a dos jueces de un tribunal de Córdoba por maniobras irregulares y maltrato laboral

Un escándalo judicial sacude a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tras la imputación de dos de sus máximas autoridades y dos funcionarios por presuntas maniobras irregulares en la integración del tribunal y maltrato laboral, entre otras acusaciones.

La causa, impulsada por los fiscales federales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian, señala como principales acusados a dos camaristas junto a un secretario penal y a otro de superintendencia. Las acusaciones incluyen manipulación de expedientes de alto impacto económico y violencia laboral, hechos que ahora son investigados por la Justicia federal.

Según detalló El Doce, la denuncia sostiene que los magistrados y secretarios habrían articulado movimientos internos para asignarse causas de “relevancia económica”. La maniobra consistía en alterar la integración de las salas, aprovechando la falta de dos jueces naturales en el tribunal y el sistema rotativo para el tercer voto, lo que facilitaba la intervención directa de los imputados en resoluciones de expedientes sensibles, especialmente del sector agroindustrial.

La denuncia fue realizada por una secretaria que mencionó tanto las irregularidades en la conformación del tribunal como episodios de maltrato laboral del cual habría sido víctima. Según el testimonio difundido por el canal Telenoche, la funcionaria no quiso firmar una certificación que consideró ilegal y eso habría desencadenado represalias. “Se negó terminantemente porque no era lo que correspondía. Desde ese momento empezó a ser perseguida sistemáticamente con humillaciones, con violencia verbal, violencia psicológica”, afirmó su abogado, Claudio Orosz, en el mencionado canal. La mujer actualmente está de licencia tras alegar un deterioro en su salud física y psíquica como resultado de la situación.

La acusación formal hacia los imputados incluye abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. El secretario de superintendencia es señalado, además, por supuesto falso testimonio.

El abogado defensor Carlos Nayi, en diálogo con La Voz, rechazó cada una de las acusaciones y aseguró que sus defendidos “son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal”. “El desarrollo serio y objetivo de la investigación demostrará de manera acabada que los hechos denunciados no existieron”, enfatizó el letrado.

La investigación, que afecta a figuras centrales del Poder Judicial en Córdoba, se mantiene bajo la órbita de la Justicia federal, mientras la Cámara Federal de Apelaciones funciona actualmente con dos jueces menos de los que le corresponden por ley.

Otro caso en Rosario

En Rosario, hace menos de una semana, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del juez federal Gastón Salmain y del escribano Santiago Busaniche en la causa conocida como “Attila”, donde se investiga la presunta venta de fallos judiciales a cambio de coimas. El magistrado, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, continúa en libertad debido a sus fueros, pese a que tiene dictada la prisión preventiva. Además, enfrenta un proceso en el Consejo de la Magistratura que podría derivar en su destitución. El expediente también involucra a Busaniche como presunto intermediario en las maniobras investigadas.

La investigación se centra en una operación financiera ocurrida a fines de 2023, cuando la firma Attila Fideicomisos SRL solicitó acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para adquirir diez millones de dólares a valor oficial, durante un contexto de restricciones cambiarias. El permiso fue otorgado por una medida cautelar firmada por Salmain contra el Banco Central de la República Argentina. El principal beneficiario de esa orden fue el financista Fernando Whpei, hoy imputado y considerado “arrepentido” en otros expedientes vinculados a casos de corrupción judicial en Rosario.

De acuerdo con la causa, Busaniche habría facilitado el contacto entre Whpei y Salmain. La acusación sostiene que, para destrabar la operación de compra de dólares, el juez y el escribano le solicitaron a Whpei una coima equivalente al 10% de la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que representaba aproximadamente 200.000 dólares. La operación quedó trunca tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023.

Durante la investigación, Whpei declaró bajo la ley 27.304 en calidad de arrepentido, señalando que la maniobra era irregular desde el inicio y detallando la participación de Salmain y Busaniche. A partir de ese testimonio, el Ministerio Público Fiscal amplió la imputación, incluyendo los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato. Los fiscales Javier Arzubi Calvo y Federico Reynares Solari están a cargo de la causa.