Condenaron a un expolicía de Tucumán por hacer trabajar a presos en su casa

La Justicia sentenció al exjefe de la Unidad Regional Norte (URN) de la Policía de Tucumán, Gustavo Javier Beltrán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El viernes 27 de marzo, lo condenaron a 3 años y 1 mes de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una reparación económica. La condena surge tras comprobar que Beltrán trasladó detenidos sin autorización judicial y los empleó en tareas de albañilería en su beneficio personal, utilizando recursos estatales.

La decisión judicial se adoptó en el marco de un juicio abreviado, mecanismo que permitió a las partes acordar los términos de la condena, que incluye el decomiso de un cuatriciclo como parte de la reparación económica. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Beltrán fue hallado culpable de peculado de uso y de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.

En representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga expuso los agravantes considerados: “En su carácter de primer jefe de la Unidad Regional Norte se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación donde dispuso el traslado irregular de detenidos desde su lugar de alojamiento para permanecer en la URN, sin poseer un arresto formal ni control judicial”.

Además, añadió que “los utilizó para realizar trabajos de construcción en su beneficio personal, tanto en la propia dependencia como en su domicilio particular en El Cadillal. Para ello, usó recursos estatales, específicamente, un móvil policial que estaba asignado a su jefatura, del combustible y de la estructura operativa de la URN los cuales fueron desviados de su finalidad pública, para satisfacer los intereses particulares del imputado. Finalmente, ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la URN”.

Antes de que dicten la sentencia, el expolicía confesó: “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona, sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”.

Los detalles del caso

Durante el proceso judicial, se determinó que, en los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, Beltrán organizó el traslado de cuatro detenidos desde las comisarías de Chuscha y Choromoro hacia las dependencias de la URN en Tafí Viejo, sin el conocimiento de la autoridad judicial competente. Este traslado no quedó asentado en los registros oficiales de la dependencia, contraviniendo los procedimientos reglamentarios. El objetivo era que los reclusos realizaran tareas de albañilería en beneficio del comisario, tanto en instalaciones públicas como en su propiedad privada.

El expediente judicial detalla que el acusado realizó un acuerdo con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira para insertar información falsa en el libro de guardia. Según la investigación, se consignó que un móvil policial que trasladaba a dos detenidos condenados con destino a la comisaría de Chuscha, pero en realidad la camioneta fue conducida hasta el inmueble en construcción de Beltrán en El Cadillal. Allí, los presos fueron obligados a realizar trabajos de albañilería bajo órdenes directas del ex jefe policial.

Además, el Ministerio Público Fiscal subrayó que Beltrán empleó recursos estatales, como el vehículo oficial asignado a su cargo, combustible y la infraestructura operativa de la URN, desviando estos bienes de su finalidad pública para satisfacer intereses personales.

La condena incluye la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, lo que excluye a Beltrán de cualquier función estatal en el futuro. El decomiso de un cuatriciclo como parte de la reparación económica busca resarcir, al menos en parte, el daño ocasionado al patrimonio público. La sentencia marca un precedente en la provincia de Tucumán respecto a la sanción de delitos cometidos en el ejercicio de la función policial y el abuso de poder.