Viajaba de Chaco a Buenos Aires con más de $300 millones ocultos en el tablero de una camioneta

Cuatro hombres y una empresa de la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, enfrentan un proceso judicial tras la incautación de 357 millones de pesos ocultos en una camioneta que se dirigía desde Chaco hacia la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la primera formalización de una investigación por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos con participación societaria en la jurisdicción.

El caso, intervenido por la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista (Santa Fe), involucra medidas de alcance patrimonial y restricciones personales que buscan asegurar la disponibilidad de bienes y la sujeción de los imputados al proceso, según comunicaron desde el portal Fiscales.gob.ar.

El juez de garantías Aldo Mario Alurralde dictó un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos, además de ordenar el congelamiento de cuentas bancarias y cajas de seguridad durante 180 y 90 días respectivamente, a fin de garantizar posibles penas, decomisos e indemnizaciones.

Estas medidas afectan tanto a los imputados como a la sociedad por acciones simplificadas dedicada a la venta de repuestos para autos y motos, dos de cuyos socios figuran entre los acusados.

El operativo que desencadenó la investigación ocurrió el 28 de marzo de 2025 en la Ruta Nacional N°11, a la altura de El Timbó, cuando efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un Toyota Corolla Cross conducido por F.E.V..

Los gendarmes detectaron “irregularidades estructurales” en el interior y, tras notificar a la fiscalía de turno, revisaron el vehículo en presencia judicial y hallaron compartimentos modificados donde se escondían billetes por un total de 357.210.000 pesos.

Apremiado por la situación, F.E.V. les dijo a los agentes: “Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita”. Y al retirar las piezas del tablero, quedaron al descubierto los compartimientos donde estaban ocultos los fajos de dinero, que se encontraban distribuidos detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios.

La audiencia que formalizó la imputación tuvo lugar el 27 de febrero de 2026, encabezada por el fiscal Roberto Salum y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda. Allí se detalló que la empresa intervenida servía de pantalla para el traslado sistemático de efectivos, con operaciones reiteradas sin el respaldo de actividad comercial que justificara la frecuencia de viajes a provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires.

Según concluyó la investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal, entre 2024 y 2025 los acusados realizaron de manera continua la compra y venta de dólares y euros sin la correspondiente autorización, valiéndose de la estructura societaria y asignando apariencia de legitimidad a fondos cuyo origen no pudo ser acreditado.

Durante un allanamiento en la sede de la firma en Resistencia, la presencia de maquinaria para conteo de billetes, recibos, pagarés y llaves de distintos vehículos fue incorporada como prueba de la operatoria financiera clandestina.

La estrategia de los imputados incluía la preconstitución de un documento notarial, una “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, fechada el 20 de marzo de 2025 y con un límite declarado de 800 millones de pesos. Este recurso, descripto por el fiscal Salum durante la audiencia, pretendía simular legitimidad en caso de que el traslado fuera detectado por las autoridades.

La investigación identificó a P.M.T como propietario del vehículo e integrante de la empresa, mientras que el conductor oficiaba de nexo con los clientes, contactados a través de comunicaciones telefónicas y atendidos en oficinas de la empresa de repuestos. El cuarto implicado, C.E.F, fue señalado por coautoría en el delito de lavado de activos.

En respuesta a la magnitud y complejidad del expediente —caracterizado por la multiplicidad jurisdiccional y la sofisticación de la maniobra—, el magistrado Alurralde concedió un plazo de un año para el desarrollo de la investigación, autorizando la totalidad de medidas probatorias y restrictivas propuestas por la fiscalía.