Se confirmó la extradición de “El Yiyi”, jefe de una célula local del Tren de Aragua y procesado en Corrientes

La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la extradición de Guillermo Rafael Boscán Bracho, señalado como líder de la denominada “Banda del Yiyi”, considerado el principal referente local del Tren de Aragua e identificado como uno de los criminales venezolanos más buscados, requerido por la República Bolivariana de Venezuela y procesado en la justicia federal de Corrientes por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Según reportes judiciales, Boscán Bracho, conocido bajo el alias “Yiyi”, figuraba entre los 10 prófugos más buscados en Venezuela, país en el que se le atribuyen cargos de extorsión agravada, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio.

El expediente judicial indica que Boscán Bracho llegó a Argentina empleando una identidad falsa y se instaló en un country ubicado en la localidad de Santa Ana, provincia de Corrientes, junto a su esposa, su hija y sus suegros.

En ese contexto inició el trámite para obtener el documento argentino. La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento de la Policía Federal Argentina (PFA) detectó sus huellas digitales y, tras monitorear sus movimientos, lo detuvo en octubre de 2023 sobre la ruta provincial 43, a pocos metros del acceso al barrio en el que residía.

Durante su estadía en Argentina, se sospecha que Boscán Bracho continuó ejerciendo control sobre su organización, vinculada a hechos violentos y muertes ocurridas en las ciudades de Maracaibo y Barranquitas, en el estado de Zulia.

Por esa razón, la justicia argentina inició una causa para investigar si formaba parte desde, al menos, 2019 de una estructura criminal compuesta por dos células operativas, presuntamente lideradas por él, orientadas a maniobras de lavado de activos y financiamiento de actividades en el extranjero.

En diciembre pasado, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos con prisión preventiva dictados contra Boscán Bracho y otras 12 personas —diez de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino— acusadas de mantener vínculos con la organización transnacional Tren de Aragua.

El proceso de extradición se centró en el cumplimiento de los requisitos legales, sin evaluar los delitos imputados en el país requirente. Si las instancias judiciales aceptan el pedido, la última decisión la asume el Poder Ejecutivo. El juzgado federal de Corrientes había concedido la extradición, pero la defensa de Boscán Bracho apeló, dejando la revisión en manos de la Corte Suprema, que finalmente desestimó el planteo.

El Procurador General de la Nación solicitó la confirmación de la sentencia. Boscán Bracho sostuvo que su anterior abogado no lo representó adecuadamente y expresó temor por su integridad si era trasladado a Venezuela. La defensa alegó que existía “ausencia de reciprocidad” con Venezuela y la posibilidad de persecución política, pero la Corte Suprema, integrada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos, señalando que “esa circunstancia no encuentra más sustento que la mera afirmación de la parte”.

Además, los jueces indicaron que las críticas “no lograrían evidenciar más que la discrepancia con la estrategia defensiva” previa, y que los planteos por reciprocidad fueron presentados fuera de término, correspondiendo su análisis al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En relación a los temores de persecución política que podrían afectar el derecho de defensa de Boscán Bracho, la Corte enfatizó que la defensa omitió considerar las garantías específicas ofrecidas por Venezuela en la solicitud y la obligación de respetar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles y Degradantes, así como el debido proceso y la salvaguarda de la vida del extraditado.

El fallo establece que el juez debe informar al país requirente el tiempo de privación de libertad cumplido por el extraditado durante el trámite y actualizar la situación respecto de otros procesos judiciales en curso.

Tren de Aragua

La historia del Tren de Aragua se remonta a la década de 2000, cuando emergió como un grupo que ofrecía empleos ilícitos y extorsionaba en torno a la construcción del tren en el estado venezolano de Aragua.

El colectivo fue asentando sus raíces en la prisión de Tocorón, donde encontró el escenario para consolidar una estructura jerárquica de corte carcelario, dirigida por el llamado “pran”, figura que en la jerga penitenciaria venezolana designa al preso con mayor autoridad y control.

El ascenso de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, marcó el inicio de una etapa de expansión y sofisticación criminal. De acuerdo con los informes de Interpol, su liderazgo desde 2013 resultó decisivo para que el Tren de Aragua pasara de ser una banda local a una organización con presencia en varias ciudades y países.

Guerrero Flores, primero encarcelado en 2010 y fugado en 2012, volvió a la prisión de Tocorón en 2013 y, desde entonces, instauró un régimen interno basado en el cobro de “vacunas”, una forma de extorsión que permitió financiar lujos dentro del penal, como gimnasios, piscinas y bares.

La estructura interna del grupo se sustentó en una red de lugartenientes conocidos como “luceros”, que replicaban el modelo delictivo dentro y fuera de la cárcel. El crecimiento de la organización fue respaldado tanto por la absorción violenta de pandillas rivales como por alianzas estratégicas con otros actores criminales de Venezuela.

De esta forma, el Tren de Aragua logró ampliar su radio de acción, controlando barrios enteros y extendiéndose hacia zonas urbanas fuera del penal.

El fenómeno migratorio venezolano ofreció una oportunidad inesperada para la internacionalización de la banda. Aprovechando el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos, el grupo comenzó a utilizar las rutas migratorias como canales de expansión.

Así, se ha detectado su presencia en al menos 16 estados venezolanos y en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador y, en menor medida, Bolivia, Uruguay y Curazao. La sombra del Tren de Aragua ya apunta hacia América del Norte, donde recientes operativos han derivado en detenciones de presuntos miembros tanto en México como en Estados Unidos.