La trama de deudas con el Estado del clan acusado de la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina

Este miércoles, la fiscal Mónica Cuñarro pidió la elevación a juicio de los acusados de lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria de la historia argentina.

El empresario Vito L’Abbate y sus hijos Emanuel, Juan Ignacio y Santiago, cabezas del grupo inmobiliario Induplack, se encuentran presos en cárceles federales desde mediados del año pasado junto a Patricio Flores, uno de sus históricos colaboradores, con sus procesamientos ampliados en dos ocasiones y un embargo sideral de $36 mil millones de pesos.

Los números ayudan a dimensionar el problema. La imputación, avalada por la jueza Paula González, es la de asociación ilícita, en concurso real con más de 500 casos de estafa. Hay más de 400 víctimas registradas en la causa penal investigada por Cuñarro, que concentra una serie de expedientes iniciados desde 2020. El daño estimado en el fuero penal supera los 50 millones de dólares, un número que no incluye las decenas de expedientes que enfrentan los L’Abbate en la Justicia civil por figuras como daños y perjuicios.

La presunta estafa de los L’Abbate era simple. Induplack, conformada en 2008 -Induplack Fiduciaria, la principal sociedad del grupo investigada por Cuñarro, comenzó cuatro años después-, lanzó 17 obras de pozo a través de la Ciudad de Buenos Aires. Los compradores esperanzados ponían sus dólares para adquirir cocheras y departamentos, que nunca llegaban.

Los engranajes del holding de los L’Abbate, lo que se escondía detrás de sus sonrisas y sus posteos en redes sociales, era bastante más complejo. Allí, precisamente, está el futuro del expediente. La trama de sociedades revela que los L’Abbate no solo le deben a sus denunciantes, sino también al Estado argentino.

En su nuevo planteo, Cuñarro avanzó con el pedido de indagatoria de siete nuevos sospechosos en la trama, cuyos nombres se repiten en las listas de fiduciantes de los pozos y de las composiciones societarias de las firmas fundadas por los L’Abbate. Se encontraron 23 sociedades vinculadas al clan. “A partir del año 2019, fecha en la que se incrementan notoriamente los desfalcos denunciados, se constituyen 14 de esas 23 sociedades", apuntó Cuñarro.

Una fuente clave en la causa asegura: “Estas sociedades fueron supuestamente conformadas para esconder el dinero obtenido, una típica maniobra delictiva de cuello blanco”. Los L’Abbate ocupaban todos los roles-presidentes, directores, cuotapartistas- lo que, según la causa, les permitió hacerse de grandes sumas de dólares en efectivo que fueron desviasdas.

Solo en 2023, los L’Abbate crearon Vision Home S.A, Premium Home S.A, C.E Import S.A, Full Home S.A y Beauty Glam S.A. Esta última, con sede en la calle Guaminí, un ejemplo de tantos, parece poco más que una cáscara, sin empleados o deudas bancarias a su nombre. Una de las mujeres de los L’Abbate -a quien Cuñarro no le pidió la indagatoria- fue parte de su directorio junto con Emanuel, el mayor de los tres hermanos.

En 2024, Emanuel y esta mujer regresaron con Siberian Import, también radicada en la calle Guaminí, dedicada en los papeles a la venta de artículos de construcción. Terminó con una rescisión por falta de pago de una ART. Uno de los denunciantes señaló a Siberian Import “no ingresó a las firmas” la importación de mercadería turca para la construcción que había realizado, lo que generó un supuesto vaciamiento de la firma.

El hermano mayor y la plata del Estado

Emanuel, de 41 años, empresario, con un domicilio en un country de Ezeiza, tiene un rol de preponderancia entre sus hermanos. La fiscal Cuñarro lo considera un jefe de la asociación ilícita junto a su padre, Don Vito. Juan Ignacio y Santiago son considerados miembros.

Emmanuel y su padre apuntaron en un escrito a un default de 14 millones de dólares en sus negocios. El mayor de los hermanos explicó allí la creación de todas estas empresas: “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden, por eso seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”.

El mayor de los L’Abbate -que continuó sus movimientos en las sociedades hasta mayo del año pasado, a pocas semanas de su arresto- fue el director suplente de Induplack desde su conformación. En los más de 15 años que siguieron, integró los directorios de casi 20 firmas. También, de acuerdo al Banco Central, firmó más de $6 millones en cheques sin fondos, ligados a casi 40 firmas, entre ellos, una veintena de fideicomisos inmobiliarios. El tendal de deudas con organismos públicos que algunas de estas firmas dejaron es impresionante.

La primera firma que figura en esta lista de cheques rotos es Iwin SA, dedicada en los papeles al rubro metalúrgico. Fue creada en 2021 por Emanuel y Don Vito. Hoy, Iwin acumula una deuda de $97 millones de acuerdo a su perfil comercial. Infobae descubrió la mitad de esta deuda le corresponde a FOGABA SAPEM, el Fondo de Garantías Buenos Aires, una institución de garantías bajo la forma de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.

Iwin Aberturas, que Emanuel y sus hermanos integraron, acumula deudas por $369 millones: 365 le corresponden al Banco Nación.

IGlass SA es otra de tantas en la lista. Fue conformada junto a dos empresarios de la construcción de Ciudadela, a quienes Cuñarro ya les pidió la indagatoria. IGlass debe, según las mismas fuentes, $266 millones: 166 le corresponden, también, al Banco Nación.

Así, se vuelve evidente que las empresas se emplearon para tomar deuda con caja estatal. Iwin Aberturas SA, según determinó la fiscal del caso, “resulta ser integrante junto a Icons Tech S.A, Iwin S.A, Induplack S.A e Induplack Fiduciaria S.A, del grupo de partícipes que celebraron junto a la Firma Aval Federal SGR, contratos de garantía recíproca y sus adendas mediante las que obtuvieron más líneas de créditos“, con Santiago L’Abbate como fiador.

“A su vez, tanto Iwin S.A como Induplack S.A incumplieron con la provisión de placas de construcción en seco y de aberturas para la urbanización de la Villa 31″, continuó la fiscal. Sin embargo, no se habla aquí de un negocio directo con el Gobierno porteño, sino con una constructora. Para saldar esta deuda, los L’Abbate ofrecieron una serie de departamentos en sus desarrollos de las calles Jujuy e Hipólito Irigoyen. Induplack Fiduciaria, la nave madre de los L’Abbate, arrastra otros $95 millones en cheques sin fondo de acuerdo al BCRA. El Juzgado Comercial N°26 decretó la quiebra de esta firma en mayo de 2025.