La amenaza narco contra el Poder Judicial en Entre Ríos generó una reacción inmediata de las instituciones clave del país. La Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (AJUFE), encabezada por Marcelo Duffy y Santiago Inchausti, difundió este martes un comunicado de respaldo absoluto al juez Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti.
La entidad exigió a las autoridades nacionales y provinciales extremar las garantías de seguridad para los funcionarios judiciales, destacando que “la protección de los magistrados constituye un pilar esencial del Estado de Derecho”.
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El texto de AJUFE subrayó la gravedad del contexto: la escalada de violencia narco y la aparición de represalias directas contra quienes lideran investigaciones complejas. La declaración institucional hizo hincapié en la importancia de blindar la labor judicial y remarcó la necesidad de un compromiso estatal firme ante la amenaza a la independencia de la justicia.
El respaldo de AJUFE no fue aislado. Las medidas de custodia para los funcionarios amenazados se incrementaron de manera inmediata, sumando la coordinación de la Policía Federal Argentina y la colaboración de las fuerzas provinciales.
El plan criminal: logística y motivaciones
De acuerdo a la investigación, el plan para asesinar a Ríos, Candioti y al ministro de Seguridad Néstor Roncaglia fue urdido por el narco Leonardo Airaldi desde la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Según testimonios de internos, Airaldi había contratado a un sicario uruguayo por USD 40 mil, y articulado un operativo que incluía el uso de dos vehículos y un recipiente con cal para destruir pruebas orgánicas tras los crímenes.
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El esquema contemplaba la ejecución de los homicidios en Punta del Este. Aunque ni Ríos ni Candioti viajaron a Uruguay en la fecha planeada, la logística criminal fue detallada por los reclusos que alertaron a las autoridades. El Juzgado Federal de Gualeguaychú, bajo la órbita de Hernán Viri y el fiscal Pedro Rebollo, tomó intervención en la causa caratulada como “amenazas y plan de atentado”.
Las motivaciones del intento de asesinato estaban marcadas por la venganza. Según testigos, Airaldi atribuía a Ríos la creación de una causa en su contra y a Candioti la preparación de una condena de 15 años. El operativo también incluía vigilancia sobre Roncaglia, con seguimiento de sus rutinas y traslados en motocicleta.
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Refuerzo de la seguridad y respuesta política
Tras confirmarse el plan, las custodias de los funcionarios amenazados fueron reforzadas. El gobernador Rogelio Frigerio destacó el trabajo del Servicio Penitenciario provincial y expresó su respaldo a la lucha contra el narcotráfico: “En Entre Ríos no vamos a retroceder frente al delito”, subrayó.
El ministro Roncaglia, por su parte, interpretó la amenaza como un síntoma de avance en la política de seguridad: “Este plan criminal nos indica que vamos por buen camino. Si piensan que nos van a hacer bajar los brazos están equivocados. Muy por el contrario. Por mi lado me envalentona más”.
Mientras tanto, tanto Ríos como Candioti optaron por mantener silencio ante el impacto personal y familiar generado por las amenazas.
La estructura narco desarticulada tenía como figura central a “Tavi” Celis, condenas por su papel en las causas “narcoavioneta” y “narcomunicipio”. En la primera, se produjo la incautación de 300 kg de marihuana; en la segunda, se destapó el financiamiento ilícito de la campaña del exintendente de Paraná, Sergio Varisco, a cambio de favores políticos.
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En ambas investigaciones, el juez Ríos y el fiscal Candioti desempeñaron roles protagónicos, mientras Roncaglia lideraba la fuerza policial. Varisco fue condenado a seis años y seis meses de prisión y falleció bajo prisión preventiva. “Tavi” Celis recibió 13 años de condena y su hermano Miguel ángel “Titi” Celis fue sentenciado a ocho años.
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