Caso Yanina Correa: la familia denuncia amenazas y pidió que se investigue como homicidio

A casi cinco meses de la desaparición y muerte de Yanina Correa, el caso mantiene una vigencia inusitada en la zona de Abasto, al oeste de La Plata.

El reclamo de sus familiares, quienes insisten en que se trata de un crimen y no de una muerte accidental, ha puesto bajo la lupa la labor de la fiscalía y la policía, así como la respuesta del sistema judicial. La familia de Correa denuncia lo que consideran intentos de encubrimiento y protección hacia los posibles responsables, mientras el expediente permanece estancado y sin personas imputadas.

Según informó el portal 0221, la historia de Yanina, una mujer de 30 años y madre de tres hijos, se instaló en la agenda pública a fines del año pasado, cuando su familia reportó su desaparición.

El hallazgo de restos humanos el 3 de enero, en un descampado cercano a su domicilio, intensificó la atención sobre el caso. Más de un mes después, el 16 de febrero, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Correa, prolongando la angustia de sus allegados y ampliando las demandas por una investigación exhaustiva.

El impacto del caso no solo radica en el dolor familiar, sino en la serie de irregularidades y demoras que, según sus hermanos, han marcado la investigación. Germán y Jésica Correa y Angélica Bastida relataron que hasta la fecha “no hay ninguna persona investigada” y sostienen que existe una intención de proteger a los responsables de la muerte de Yanina. La persistencia de estas sospechas ha llevado a la familia a reclamar una y otra vez ante la fiscalía, aunque sus pedidos no han tenido respuesta directa, sino apenas contactos con secretarías administrativas.

El expediente, encabezado por el fiscal Patricio Barraza, continúa caratulado como “averiguación de causales de muerte”. Los hermanos de Correa, junto a la Asociación Miguel Bru —representados por su presidenta Rosa Bru—, exigen que se investigue como homicidio. Bru calificó como llamativa la “lentitud judicial” y el “maltrato a la familia”, enfatizando que ni siquiera han recibido el certificado de defunción, documento imprescindible para que los hijos de Yanina puedan ser formalmente puestos bajo la guarda de sus tíos.

En palabras de la familia, el caso de Yanina Correa se encuentra paralizado, sin avances sustantivos y sin ningún sospechoso formalmente investigado. Aseguran que han sufrido situaciones de hostigamiento y amenazas, algunas de ellas vinculadas a fuerzas de seguridad.

Germán denunció que una funcionaria de Seguridad le envió mensajes para disuadirlos de hacer protestas frente a la comisaría, con el objetivo de “meter miedo a nuestra familia y a quienes nos apoyan”. Otro hermano habría sido amenazado verbalmente por un efectivo policial, quien le advirtió que podían “armarle una causa” si continuaban reclamando públicamente.

La familia sostiene que desde el inicio de la búsqueda hubo irregularidades en la labor policial. Denuncian que la escena del hallazgo de los restos no fue correctamente preservada y que allí encontraron restos óseos, vísceras y pertenencias personales de Yanina, incluida ropa dañada. Desestiman la hipótesis de la fiscalía y la DDI, que apunta a una muerte accidental posiblemente vinculada al consumo de sustancias y la posterior exposición del cuerpo a animales.

Dos personas aseguran haber visto a Yanina ingresar al descampado junto a un hombre en bicicleta, quien más tarde salió solo del lugar. La familia denuncia que estos testimonios fueron desacreditados y no constan en el expediente judicial. Según relatan, la fiscalía argumentó que los testigos “pudieron haberse confundido”, descartando así la posibilidad de investigar la presencia de terceros en el lugar de los hechos.

Los hermanos de Yanina señalan también inconsistencias en el estado de los restos hallados. Sostienen que el nivel de descomposición no corresponde al tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo, y remarcan que faltaban partes del cuerpo como las manos. También afirman que los huesos “no presentaban signos normales de descomposición”, lo que alimenta la sospecha de una manipulación o intervención posterior.

La demora en los estudios de ADN es otro punto de conflicto. Los restos fueron encontrados el 3 de enero, pero el análisis genético se realizó semanas después en la ciudad de Junín. Una de las hijas de Yanina debió trasladarse hasta allí para completar el procedimiento. La confirmación oficial llegó recién el 16 de febrero, prolongando la incertidumbre y el dolor de la familia.

La fiscalía argumenta que faltan peritajes antropológicos, pero la familia sostiene que esa explicación es insuficiente y que el certificado debería haberse emitido meses atrás.

Los hermanos de Yanina también centran sus acusaciones en el entorno de la joven, especialmente en su última pareja, a quien señalan como una de las últimas personas que la vio con vida. Según relatan, durante varios días no se supo nada de él y, aunque luego declaró, nunca se secuestró su teléfono móvil ni volvió a ser citado en profundidad.

La familia, acompañada por la Asociación Miguel Bru, reitera su pedido para que la causa avance, se revise el accionar policial, y el expediente sea investigado como homicidio. Reclaman además que su abogado pueda acceder a todas las actuaciones y que se ponga fin a lo que consideran maniobras de encubrimiento y dilación.