El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de criptoactivos y bienes en el marco de una causa por presunto lavado de activos en Tucumán. La medida alcanza a un grupo de personas acusadas de canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas la narcocriminalidad, con supuesta vinculación con el Comando Vermelho, la organización criminal de origen brasileño.
La investigación, impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, se inició tras una denuncia elevada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por Diego Velasco.
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Según fuentes judiciales, los imputados habrían realizado significativos movimientos de fondos mediante plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras, sin poder justificar el origen de los fondos, en particular, por la falta de correspondencia entre los montos operados y el perfil patrimonial de los investigados.
De acuerdo a la información oficial, la pesquisa permitió reconstruir una operatoria basada en la recepción de activos y su diversificación a través de trading de criptomonedas. Los elementos reunidos apuntan a Marcelo Clayton Alves de Sousa, ciudadano brasileño y presunto beneficiario final, actualmente prófugo y vinculado a investigaciones penales por lavado de activos provenientes de delitos como el narcotráfico, tanto en Argentina como en Brasil. Según la hipótesis fiscal, Alves de Sousa sería el responsable de canalizar activos ilícitos del Comando Vermelho con diversas terminales en el país.
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Para el análisis de la trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), encabezada por María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena. Mediante el estudio de información obtenida de proveedores de servicios de activos virtuales y fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas.
El informe detalla que, a partir de datos provistos por diferentes operadoras de criptoactivos, se logró confirmar la existencia de saldos congelados por USDT 208.693 en direcciones bajo investigación, los cuales quedaron incautados como depósito judicial por orden del juzgado. “Los activos se mantendrán incautados hasta tanto avance el proceso penal”, explicó la fuente institucional.
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La fiscalía solicitó además medidas cautelares sobre ocho participaciones sociales (siete de ellas en el extranjero), cuatro vehículos (uno también en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios fuera del país) y diez inmuebles situados en el exterior.
“La investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) se inscribe en los estándares internacionales de prevención y persecución del lavado de activos, en particular en las recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)“, señalaron al respecto. Estas normas promueven el decomiso de ganancias y bienes de origen delictivo y refuerzan el rol proactivo de las autoridades en la investigación y enjuiciamiento de estos delitos.
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