Cuando su situación procesal en Río de Janeiro parecía controlada y Agostina Páez solo esperaba que se resuelva su pedido para volver a Argentina, una mala noticia volvió a golpear a la turista argentina retenida en Brasil por hacer gestos racistas: la Fiscalía de Río de Janeiro exigió en las últimas horas su prisión preventiva. “¿Para qué?”, fue la inmediata pregunta que se hicieron desde el entorno de la abogada santiagueña, según supo Infobae.
La presentación judicial fue una angustiante sorpresa para Páez, quien apenas tomó conocimiento de la solicitud, llamó llorando a su abogado Sebastián Robles en busca de contención y respuestas. Fuentes cercanas a ella describieron a este medio que la mujer de 29 años está triste y preocupada por la resolución que pueda adoptar la Justicia de Brasil tras el pedido.
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La argentina está acusada de “injuria racial” por hacerle comentarios y gestos racistas a los empleados de un restaurante de la ciudad carioca, donde había ido a veranear con amigas. En consecuencia, le prohibieron por tiempo indeterminado abandonar el país y le colocaron una tobillera electrónica para controlar que no infrinja la medida.
En este contexto, su defensor presentó un hábeas corpus en el que solicitó que le permitan a Páez regresar a Argentina y continuar con el debido proceso judicial desde allí. No obstante, antes de que esto fuera resuelto, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro pidió que quede detenida.
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En la presentación, los brasileños alegaron: “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente“.
El entorno de la turista argentina valora como exagerado este pedido y se preguntan qué sentido tiene arrestarla ahora si no lo hicieron al principio del caso, cuando podrían haber alegado peligro de fuga.

No obstante, su abogado entiende que el delito que le adjudican tiene un gran peso cultural para la sociedad brasileña y cree que probablemente este caso esté siendo tomado como “ejemplificador”, por eso buscan escalarlo.
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“Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, analizó el letrado en diálogo con este medio.
Y agregó: “Si no ha violado la medida de salir del país en los primeros días, obviamente que no se tendría por qué agravar la situación, sino ya entraríamos en una pena anticipada, que ya estamos al borde de violar esos derechos internacionales”
Más allá de esto, el defensor remarca que esto es solo un pedido fiscal, que no cambió aún la situación procesal de Páez y que resta aguardar la decisión del juez de control. Mientras tanto Agostina espera las novedades de su casa en el nuevo departamento que debió alquilar tras la orden de permanecer en el país por tiempo indefinido.
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El pedido de prisión preventiva
De acuerdo al comunicado difundido este martes por el MPRJ, la denuncia penal señala que Páez se encontraba con dos amigas en el establecimiento cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó de manera ofensiva a uno de los mozos con expresiones vinculadas a su color de piel.
“Según la denuncia penal, la imputada llamó ‘negro’ a un empleado con la intención de discriminarlo y menospreciarlo”, precisó el organismo.
Páez, además, está acusada de haber llamado “mono” a la cajera del local gastronómico durante la fuerte discusión que mantuvo con los trabajadores. “Aun después de ser advertida por la víctima, la acusada se dirigió a la cajera del bar y la llamó ‘mono’, además de hacer gestos que simulaban al animal”, explica el comunicado oficial.
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El fiscal a cargo de la investigación consideró en su solicitud que las medidas adoptadas hasta el momento contra la acusada no son suficientes. “Si bien se han impuesto medidas cautelares distintas de la prisión, incluida la vigilancia electrónica, dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”, señala un extracto del documento citado por dicho portal de noticias.
Asimismo, el investigador sostiene en su solicitud para convertir la medida cautelar en prisión preventiva que la conducta de Páez refuerza la necesidad de su detención, ya que, según sus conclusiones, “incluso después de haber sido advertida por más de un funcionario de que su conducta constituía un delito en Brasil, la acusada persistió en los delitos raciales, extendiéndolos incluso a espacios públicos”.
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Por último, el fiscal consideró que la actitud de la acusada demuestra que tiene “desprecio por las normas jurídicas y sociales, así como baja adhesión a las órdenes de alejamiento”.
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