
El reciente rescate de una familia con cuatro niños en una chacra de Centenario expuso nuevamente las condiciones de vulnerabilidad en las que subsisten algunos trabajadores rurales en la provincia de Neuquén. El procedimiento, liderado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de Neuquén y ejecutado con la colaboración de organismos nacionales, se produjo tras una denuncia por posible trata laboral.
Según el comunicado difundido por el Ejecutivo provincial, el grupo convivía en una vivienda de material, carente de las garantías básicas para la habitabilidad, lo que motivó su urgente traslado a un lugar seguro.
La medida de protección para los menores fue adoptada tras la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y quedó bajo la responsabilidad del Centro de Atención a la Víctima, que desplegó los dispositivos necesarios para asegurar la protección integral tanto de los niños como de sus padres. Este aspecto fue resaltado por la fiscal federal Vanesa Rebolledo, quien determinó de forma categórica que “la familia no podía continuar viviendo en esas condiciones dentro del predio”, de acuerdo con la información oficial.
Según informó el medio local LM Neuquén, el operativo se inscribió en una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Participaron el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la guardia de la Ley 2302 de protección integral de la niñez, la Subsecretaría de Trabajo, la dirección provincial de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente y Prefectura Naval Argentina.
Durante el procedimiento, los responsables del área laboral constataron la falta absoluta de registros formales, contratos o documentación legal que acreditara la relación laboral, un elemento que, según destacó el secretario de Trabajo de la provincia, Pablo Castillo, evidenció la irregularidad del esquema. “Se constataron trabajadores en condiciones extremadamente precarias, especialmente en lo referido a vivienda, higiene y seguridad laboral”, expresó el ministro.

Desde la Subsecretaría de Trabajo se labró el acta correspondiente y se intimó a regularizar la situación laboral de las personas involucradas. Sin embargo, los equipos que participaron detectaron un nivel de abandono que trascendía lo meramente formal y que, según el informe, afectaba “directamente la vida cotidiana de los trabajadores y sus familias”. La agrupación familiar, compuesta por ambos progenitores y sus cuatro hijos menores, residía en condiciones que ponían en riesgo su integridad física, sanitaria y emocional.
El personal de la Dirección Provincial de Prevención de Trabajo Infantil recomendó la toma de medidas urgentes para salvaguardar a los menores expuestos a la precariedad. Frente a este panorama, las autoridades decidieron no solo separar inmediatamente al grupo familiar de ese ambiente, sino también activar procedimientos de resguardo y acompañamiento institucional.
Los funcionarios de Neuquén remarcaron que esta intervención representa un ejemplo de la política pública destinada a combatir el trabajo no registrado y la explotación laboral infantil. Pablo Castillo subrayó: “El operativo permitió detectar irregularidades laborales y situaciones de vulnerabilidad social, y se enmarca en las acciones que el Estado provincial desarrolla de manera articulada para promover el trabajo registrado y garantizar la protección integral de las infancias”.
Este episodio volvió a visibilizar, según consigna el comunicado oficial, las dificultades estructurales en sectores rurales y productivos, donde los trabajadores y sus familias pueden verse forzados a aceptar condiciones indignas por razones de necesidad.
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