
Toda máquina, oscura y corrupta como sea, necesita un engranaje. Y Luis Fernando Vuteff fue un excelente engranaje, un símbolo argentino de la corrupción chavista. Hoy, Vuteff está preso en Estados Unidos. Sin embargo, en su país, su historia judicial continúa abierta.
Para entenderla, hay que contarla desde el comienzo.
Porteño, financista, registrado en los rubros de contabilidad y gestión de empresas de la ex AFIP, ex monotributista, había formado dos empresas familiares once años atrás. Tuvo una pareja que, en más de un sentido, definiría su vida: Antonietta Capriles Ledezma, venezolana, hija del ex senador y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.
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Ledezma padre era un opositor. Visitó la Argentina en enero de 2018. Se presentó en el Senado argentino junto a su esposa, la activista Mitzy Capriles. Allí, en plena era Maduro, a casi ocho años años de la captura del dictador venezolano, Ledezma le pidió al presidente Mauricio Macri que homologue las sanciones internacionales a quienes “forman parte del equipo del presidente venezolano y que están relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, responsables de delitos de violaciones a los derechos humanos”.
Pero, para Vuteff, el giro del destino sería una ironía casi perfecta. A su yerno, cuatro años más tarde, la Justicia de los Estados Unidos lo acusó de montar una conspiración junto a un socio suizo para lavar 1200 millones de dólares de la corrupción chavista. El orígen de los fondos: las coimas de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela S.A.
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De acuerdo a información del Department of Justice estadounidense, la Southern District Court del Estado de Florida lo imputó junto a su socio suizo, Ralph Steinmann -hijo de una Argentina, que se radicó en el país con un DNI número 92 millones y fundó una serie de empresas dedicadas al negocio de las inversiones-.
La acusación, llevada adelante por el fiscal Kurt Lukenheimer, asevera que “entre diciembre de 2014 y hasta agosto de 2018″, mientras Antonio Ledezma le pedía por su país al Senado argentino, “Steinmann y Vuteff conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema ilegal de sobornos empleando el sistema financiero de los Estados Unidos”.
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Los conspiradores “lavaron las ganancias ilícitas conectadas con un esquema corrupto de cambio de monedas que involucró sobornos a políticos venezolanos”. Así, crearon lo que el Department of Justice llamó una serie de “sofisticados mechanismos financieros” con el que abrieron cuentas para dos políticos chavistas para recibir las coimas. Podrían condenarlos a 20 años de prisión si los hallaban culpables. Antonio Ledezma y Mitzi Capriles, por su parte, no fueron implicados en el caso.
En paralelo, la Justicia porteña también lo acusó, con un expediente a cargo de la Justicia en lo penal económico, radicado en 2019, donde interviene la PROCELAC, el área de la Procuración que investiga delitos de lavado de dinero, que asiste al fiscal del caso. El delito que se investiga, precisamente, es el de lavado de dinero internacional. La imputación porteña -que involucró a dos miembros de su familia- fue motivada no solo por la investigación estadounidense del dinero sucio de Petróleos de Venezuela, sino por otra causa, idéntica, que tramitó en los tribunales de Madrid, un caso conocido como “Operación Carabela”
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Los bonos y los ladrillos y las rejas
En Argentina, Vuteff fue indagado por una serie de compras de bonos y CEDIN entre 2015 y 2016, que continuaron con la compra de un campo en la zona bonaerense de Pellegrini, valuado en 575 mil dólares, así como un departamento en la avenida Santa Fe que costó 400 mil dólares, otro departamento en Libertador al 6900 de 84 mil euros, otra propiedad comprada en Trenque Lauquen en 2017 por 2,3 millones de pesos. Luego, un BMW X3. Así, en diciembre de 2024, la Justicia local le decretó la inhibición general de bienes.
Luis Vuteff estaba lejos de CABA para ese entonces. Suiza lo había extraditado de vuelta a Miami a mediados de agosto de 2022, cuando fue detenido mientras se presentaba en un banco de Zurich para recuperar un valioso reloj de una caja fuerte. El financista decidió negociar con el Departament of Justice. El 14 de mayo, trabó un plea agreement, un juicio abreviado donde reconocía su culpa y ofrecía entregar 4,1 millones de dólares o su equivalente en propiedades como un departamento en Miami, otro en Asunción, Paraguay y un edificio entero en la zona de Fincas de Ilustración en Madrid.
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El texto del plea agreement establecía una escala de hasta 70 meses de cárcel si Vuteff no admitía su responsabilidad. Al final, lo condenaron por mucho menos; negoció una pena de 30 meses por lavado de dinero a mediados de diciembre de 2024. Un reporte de AP News aseveró que declaró ante fiscales suizos. Vuteff entró en pánico al enterarse de que una serie de cuentas vinculadas a los hijos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, estaban conectadas a empresas que había ayudado a montar.

De vuelta en Argentina, el Juzgado en lo Penal Económico le dictó la falta de mérito a Vuteff para procesarlo o sobreseerlo en mayo de este año, una jugada que fue apelada por la fiscalía. Hoy, su defensa y la de sus familiares pelea por la inhibición general de los bienes, para lograr un levantamiento parcial e intentar vender un departamento de la familia.
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La medida fue denegada el 30 de diciembre último por la Sala B de la Cámara del fuero. “Subsisten elementos que justifican la continuidad de la medida cautelar cuyo levantamiento parcial se solicitó, la cual recae sobre la totalidad del patrimonio de los imputados”, aseguró un reciente fallo de los jueceds Roberto Hornos y Carolina Robiglio, interesados en preservar los bienes de Vuteff para ser decomisados en caso de una posible condena.
“Por otra parte, la investigación se encuentra en pleno trámite”, continuaron, con varias medidas de prueba relevantes que esperan ser cumplidas. Meses atrás, por ejemplo, se envió un exhorto a la Justicia española para conocer el estado de la causa en contra de Vuteff en los tribunales de Madrid.
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