
La causa por abuso sexual grupal que involucra a ex futbolistas de Vélez Sarsfield en Tucumán alcanzó un punto de definición tras la reciente audiencia judicial. La Fiscalía resolvió no acompañar el pedido de sobreseimiento para José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, en tanto que sí avaló la solicitud presentada por la defensa de Sebastián Sosa. La última palabra sobre la situación procesal de los imputados quedará en manos del juez Augusto José Paz Almonacid, quien dará a conocer su decisión el próximo martes 30 de diciembre.
La discusión en la audiencia se centró en la validez de un informe pericial del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que la querella cuestionó por sesgo, recortes y desobediencia a órdenes judiciales. Pese a que la instancia no abordó el fondo de la denuncia, la atención se desplazó a la posibilidad de un cierre parcial del expediente para algunos de los acusados.
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La querella denunció, además, que la defensa intentó condicionar el proceso a través de la exposición mediática y la difusión de versiones que, aseguran, afectan los derechos de la víctima.
La Fiscalía sostuvo que no encontró elementos suficientes para sobreseer a Florentín, Cufré y Osorio, por lo que la investigación seguirá abierta en esos casos. En el caso de Sosa, la posición fiscal fue la opuesta: se consideró que correspondía el sobreseimiento, en línea con el pedido de su defensa. Este criterio, según advirtió la querella, podría derivar en la fragmentación del caso, lo que, en su opinión, dificultaría el análisis integral de los hechos investigados.
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La representación legal de la denunciante reclamó que el proceso no se separe en responsabilidades individuales cuando se investiga una violación grupal ocurrida en un mismo espacio y tiempo. “No se puede separar artificialmente lo que ocurrió en una misma habitación, en el mismo tiempo y contra la misma víctima”, argumentaron. Además, insistieron en que la audiencia no fue convocada para cerrar la causa, sino para discutir la validez del informe pericial, y cuestionaron el eje que tomó el debate.

El equipo querellante remarcó que la Fiscalía reconoció la existencia de pruebas pendientes de análisis respecto de Florentín, Cufré y Osorio. Esto, a su juicio, confirma que la investigación no se encuentra agotada. También alertaron sobre lo que consideran una dinámica que expuso a la víctima a una situación de vulnerabilidad por la estrategia de la defensa, que buscó instalar su perspectiva en los medios y fragmentar el expediente.
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La querella manifestó su preocupación por la posibilidad de que se consolide la impunidad en caso de que se cierren parcialmente las actuaciones. “Cerrar parcialmente la causa en este contexto no sería una decisión técnica, sino política”, señalaron, y pidieron al tribunal que asuma la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para la denunciante.
El futuro procesal de los implicados se definirá en la próxima resolución del juez Augusto José Paz Almonacid, prevista para el martes. El fallo es esperado con atención tanto en Tucumán como en el ambiente del fútbol, ya que los acusados siguen en actividad.
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La causa
En marzo de 2024, los futbolistas José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, quienes por entonces estaban en el plantel de Vélez, fueron acusados por una periodista de 24 años por una supuesta violación grupal cometida en la habitación 407 del Hilton Garden Inn de San Miguel de Tucumán, donde el equipo de Liniers había disputado un partido ante Atlético de Tucumán.
La causa se inició hace un año y medio y en este tiempo la víctima declaró en repetidas oportunidades en la Justicia, en una causa a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual. Allí ratificó sus dichos en varias ocasiones, incluso ante una cámara Gesell.
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Al conocerse la noticia, Vélez decidió activar el protocolo por violencia de género y apartó a los futbolistas del plantel. Hoy ninguno viste esa camiseta.
Sosa, tras pagar una fianza de 50 millones, quedó en libertad y regresó a Buenos Aires. Luego, obtuvo la autorización para atajar en el fútbol de su país, Uruguay.
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En tanto, los otros tres jugadores acusados recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria y en junio de 2024 lograron la libertad. Todos volvieron a jugar al fútbol en distintos clubes.
La fiscal María Eugenia Posse imputó Abiel Osorio de abuso sexual simple y a Sebastián Sosa, de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario.
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La situación de Braian Cufré y José Florentín es mucho más complicada: la fiscal les endilgó haber sido los violadores de la denunciante. Así, les imputó el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.
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