Eliminaron a más de 2.000 votantes del padrón electoral en un municipio de Salta porque no pudieron comprobar su domicilio

La Justicia Federal de Salta ordenó la exclusión de más de 2.000 personas del padrón electoral de la localidad fronteriza de Aguas Blancas por no acreditar de forma fehaciente una residencia real en Argentina.

La resolución, firmada este viernes por el juez federal Julio Leonardo Bavio, le pone punto final a una investigación iniciada más de dos años atrás y que ya había generado medidas previas sobre los registros de electores.

La medida afecta exactamente a 2.150 ciudadanos cuyos nombres estaban vinculados a supuestos domicilios en calles y direcciones que no pudieron verificarse luego de la verificación oficial.

El documento judicial advierte sobre la existencia de un desfase importante entre habitantes censados y electores registrados: mientras el censo de 2022 cuenta 3.648 habitantes en Aguas Blancas, los padrones habilitaban a 5.736 personas a votar en el municipio. En una retrospectiva mayor, el padrón de Aguas Blancas creció casi un 75% entre 2015 y 2025, mientras la población solo aumentó un 52% en el mismo lapso.

Todo esto fue lo que, en su momento, levantó las sospechas sobre empadronamientos irregulares, especialmente en calles y domicilios “sin número”.

La denuncia fue presentada en 2023 por un dirigente de Juntos por el Cambio, quien señaló el cruce masivo de personas provenientes de Bolivia en jornada electoral, una práctica impulsada por la facilidad para tramitar documentos argentinos y así acceder a subsidios o apoyos estatales.

Tras ello, el expediente comenzó a sumar informes de la Secretaría Electoral, del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y de la Policía de Salta, más testimonios y relevamientos a campo realizados con drones y personal de seguridad durante meses de trabajo.

La investigación detectó así patrones anómalos en cuatro calles de la ciudad: 20 de Febrero, 25 de Mayo, 9 de Julio y Rivadavia, todas cercanas al río Bermejo, donde se observaron cientos de electores registrados en domicilios sin identificar, en muchos casos espacios verdes, galpones, hoteles o predios baldíos que difícilmente corresponden a residencias reales.

Para graficar la situación: solo en la calle 20 de Febrero, una arteria de 619 metros, figuraban 793 votantes, más que la cantidad de casas presentes. Hechos similares ocurrieron con las otras tres calles principales y varias intersecciones, según el fallo al que accedió este medio.

El municipio atraviesa además un proceso de intervención desde septiembre de 2024, con una revisión administrativa que intenta formalizar la numeración de casas y sanear la base de datos de electores.

Durante las elecciones de 2023, los reportes oficiales indicaron que entre 300 y 400 personas ingresaron desde Bolivia a través del paso fronterizo en cada jornada electoral. Parte de este caudal aparecía residente en Aguas Blancas, pero la mayoría no logró demostrar domicilio estable en la ciudad durante las verificaciones.

El juez Bavio exige ahora que, para recuperar el derecho a voto, las personas excluidas deberán iniciar un reclamo individual y aportar documentación comprobante de su residencia, como facturas o referencias de geolocalización. Para cualquier otra situación, la suspensión del padrón será provisoria, mientras la Secretaría Electoral continúa el análisis de los casos reportados y se amplía el procedimiento a otras localidades fronterizas.

La información surgida durante los últimos meses expone que el fenómeno impacta especialmente en municipios del norte de Salta, donde existen antecedentes de inscripciones masivas en padrones con fines electorales y para acceder a ayudas del Estado.

En el marco de la causa, la Justicia también notificó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Agencia Nacional de Discapacidad y otras áreas estatales.

Crimen organizado

El juez Bavio, al mismo tiempo, advierte en la resolución que las irregularidades detectadas en el padrón electoral de la localidad de Aguas Blancas, especialmente la existencia de numerosos domicilios falsos o imprecisos, no solo pueden facilitar la inmigración transfronteriza irregular y el acceso indebido a beneficios estatales, sino que también constituyen un riesgo concreto de infiltración del crimen organizado.

De persistir esas irregularidades en el padrón, “se avizora un riesgo mucho más grave. Esto es, dejar lisa y llanamente abierto el camino a la infiltración del crimen organizado”, remarca.

Luego, cita dos casos. En primer lugar, el de Sergio Gerardo Oliva, ex intendente de Aguas Blancas, condenado por violación de los deberes de funcionario público por haber autorizado la apertura de una calle lateral al puesto de control fronterizo sin los permisos legales, facilitando el ingreso y egreso ilegal de personas y mercaderías en una zona históricamente vinculada al contrabando y delitos transfronterizos.

En segundo lugar, menciona la causa 7903/2015. Esto es, la investigación y condena de dos concejales de Salvador Mazza (Gabriel Alejandro Maurín y Mauricio Esteban Gerónimo) por integrar una banda narcocriminal dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína desde Bolivia, en conexión con un conocido narcotraficante boliviano (Wilson Maldonado Balderrama, alias “Chichin” o “Tío”).

Bavio hace hincapié sobre el peligro de que miembros del crimen organizado ocupen cargos públicos y puedan influir en la política local, especialmente en municipios fronterizos con pocos electores, donde unos pocos votos pueden definir una elección.

En las palabras del magistrado: “En las elecciones municipales en localidades fronterizas como las mencionadas con pocos electores, la suerte electoral puede depender de unos cuantos votos. Ello con el riesgo que de suyo implica que grandes organizaciones narco criminales capten en sus filas a autoridades y funcionarios de municipios como los aquí referidos”.