Dos hermanos y un abogado fueron condenados a prisión por explotación sexual en Bahía Blanca

Dos hermanos y un abogado recibieron penas de hasta ocho años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en Bahía Blanca entre 2022 y 2023. El tribunal dictó las sentencias tras comprobar la explotación sexual de tres mujeres, entre ellas dos personas transgénero y una menor de edad, todas en situaciones de marcada vulnerabilidad.

El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca reveló una trama compleja, en la que los hermanos Karina Carrasco y Santiago Carrasco junto al abogado José Andreatta y una propietaria de uno de los inmuebles involucrados, articularon mecanismos de captación, explotación y control sobre las víctimas.

El tribunal estableció que la principal condenada, Karina Carrasco, ejecutó maniobras constantes para atraer a mujeres en situación de calle, sin estudios ni vínculos familiares cercanos, y bajo necesidades económicas apremiantes, muchas veces tras haber atravesado historias de abuso y consumo de drogas.

El proceso judicial terminó con condenas de ocho años de prisión efectiva para ella, cinco años para su hermano Santiago –cuya pena se unificó por una condena anterior– y cuatro años para Andreatta. La cuarta imputada, Marta Sanso, de 79 años y propietaria de una de las viviendas donde se desarrolló la explotación, recibió dos años de prisión condicional como responsable secundaria de la explotación de la prostitución ajena. El tribunal, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, José Fabián Asis y Marcos Javier Aguerrido, dispuso además el decomiso de dos inmuebles ubicados en calles Tucumán al 1200 y Catamarca al 500.

La denuncia que originó la investigación surgió el 12 de mayo de 2023, cuando una trabajadora del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero recurrió a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Ese día, una joven de 19 años llegó al hospital en ambulancia, con signos de abuso físico, bajo los efectos de algunas sustancias, y expresó haber sido explotada sexualmente en un domicilio donde convivía con otras dos mujeres, entre ellas una menor. El programa derivó el caso a la Fiscalía, que encomendó la investigación a la Gendarmería Nacional (GNA) y a la Policía Federal, a través de su Departamento y División Unidad Operativa Federal (DUOF).

El Ministerio Público Fiscal –representado por el fiscal federal Agustín Carestia y el auxiliar fiscal Justo Sebastián– recopiló los testimonios que resultaron clave para la causa. El tribunal acreditó que la maniobra de Karina giraba sobre promesas de vivienda e imposición de la prostitución a cambio, pero después les reclamaba supuestas deudas por alojamiento, comida o ropa para retener el dinero y restringir la libertad de las víctimas. El expediente detalla que les descontaba la mitad de los ingresos por servicios sexuales y las obligaba a pagar por insumos como comida, papel higiénico, drogas y hasta los preservativos, estos últimos provistos sin costo en centros públicos de salud.

Durante el proceso, se ventiló el nivel de control al que estaban sometidas las víctimas: registros de ingresos y egresos, límite en el uso de celulares, impedimento de comunicación entre ellas y desplazamiento restringido.

La participación del abogado José Andreatta en la trama surgió a partir de su rol como asesor legal de la principal condenada. El tribunal dio por acreditado que el letrado sugería a Carrasco hacer firmar recibos de alquiler a las víctimas para simular legalidad frente a eventuales investigaciones judiciales.

La sentencia indica que Andreatta, además, fue hallado culpable por posesión de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de documentos ajenos, y mantenía relaciones sexuales con las personas explotadas.

Un punto destacado en la sentencia refiere a la reparación económica ordenada: dos de las víctimas recibirán 20 millones de pesos cada una, mientras que la tercera –menor de edad al momento de los hechos– recibirá 13 millones. El tribunal también ordenó el decomiso definitivo de los domicilios donde ocurrieron los delitos.

Según consta en el fallo, la principal imputada forzaba a las víctimas a consumir pastillas y cocaína, publicar imágenes íntimas en webs de acompañantes y coordinar los encuentros con clientes. El abuso de poder y la asimetría absoluta permitieron que el control se tradujera en violencias constantes, afectando no solo la situación económica sino la integridad física y psíquica de las jóvenes.

En la etapa final del juicio, se acreditó el traslado de una víctima transgénero desde Bahía Blanca hasta un hospedaje en Monte Hermoso, donde la explotación sexual continuó por intervención de los hermanos Carrasco y otras personas aún no identificadas. Las declaraciones de las víctimas, recogidas por el Programa Nacional de Rescate, sirvieron como elemento probatorio principal. Una de ellas relató: “Fui sometida durante 15 horas seguidas por un hombre y, en otra ocasión, cuando recuperé la consciencia, tenía marcas de abuso y nadie me asistió”, según consta en el expediente.