Ocho guardias de la cárcel de Bouwer fueron detenidas por atacar a golpes a un interno trans

La investigación sobre presuntos abusos en el Servicio Penitenciario de Córdoba avanzó con la detención de ocho de las diez guardias mujeres señaladas, luego de que un interno trans denunciara haber sido agredido en la cárcel de Bouwer. Actualmente, las autoridades intentan dar con dos oficiales que permanecen prófugas.

Las órdenes de detención fueron libradas por el fiscal José Mana, mientras la pesquisa continúa para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada una de las sospechosas. El caso se originó a partir de la denuncia de un interno que, tras ingresar al penal como mujer y posteriormente identificarse como varón, permanece alojado en el pabellón femenino del Establecimiento Penitenciario 3.

Según su relato, el 23 de noviembre fue trasladado esposado a una sala interna, donde varias guardias lo habrían golpeado. La presentación formal de la denuncia se realizó directamente ante Carolina Funes, la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba. La gravedad de la situación narrada motivó la apertura inmediata de una investigación interna.

De acuerdo con la información publicada por el medio cordobés CBA24N, la revisión de las cámaras de seguridad del penal resultó determinante para el avance de la causa. En este sentido, fuentes vinculadas al caso señalaron que las imágenes obtenidas fueron fundamentales para corroborar la versión del denunciante y aportar pruebas objetivas al expediente.

De la misma manera, se conoció que todas las guardias involucradas cuentan con varios años de antigüedad en el Servicio Penitenciario de Córdoba, lo que añadió un elemento relevante al análisis institucional del caso.

Las imputaciones formuladas hasta el momento incluyeron cargos por violencia institucional y abuso de autoridad, delitos que podrían agravarse si se confirma la participación colectiva en la agresión. La investigación judicial permanece abierta, mientras se evalúan nuevas pruebas y se define la situación procesal de las detenidas.

Enjuiciarán a la presa trans acusada de abusar sexualmente de otras reclusas

El caso de Gabriela Nahir Fernández, una interna transgénero acusada de abuso sexual contra siete mujeres en el penal de Bouwer, será elevado a juicio. A pesar de esto, todavía no se definió el juzgado que llevará adelante el proceso, ni las fechas en las que se celebraría.

La acusación formal, presentada por el fiscal Juan Ávila Echenique, sostiene que la acusada será juzgada como probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en dos hechos, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, y calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave al momento en el que habría cometido las vejaciones.

Entre los cargos, el investigador destacó que, en uno de los episodios, Fernández habría actuado junto a otras dos internas, lo que motivó la imputación de estas como “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”. Además, se sumó una agravante por “el uso de arma en grado de tentativa”.

El historial judicial de Fernández se remonta a octubre de 2016, cuando ingresó al sistema penitenciario bajo el nombre de Gabriel. Un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”.

En noviembre de 2018, Fernández declaró ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que derivó en el reconocimiento oficial de su identidad de género y su traslado al pabellón femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, tras argumentar que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

Mientras cumplía su pena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por un nuevo delito contra una mujer, que incluyó “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas”. Poco después, accedió a la libertad condicional. Hacia finales de ese año, enfrentó una nueva denuncia, aunque el caso fue archivado. Una situación similar se repitió a finales de 2022, cuando una ex pareja la acusó, pero la causa también fue desestimada.

Ya en libertad, en 2023, fue nuevamente denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, a lo que se sumó otra acusación por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”. Estas circunstancias motivaron su detención y, en 2024, la Justicia la obligó a cumplir con una prisión preventiva.

Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se reportó un abuso cometido contra una compañera de celda. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal “con el objetivo de resguardar a la víctima”. Actualmente, las tres acusadas permanecen detenidas y, en el caso de Fernández, se encuentra bajo un régimen de aislamiento en el penal femenino de Bouwer.