El Gobierno de Ecuador anunció el incremento de la denominada “tasa de seguridad” a las importaciones provenientes de Colombia del 30% al 50%, una medida que profundiza la escalada comercial entre ambos países y que contrasta con las declaraciones formuladas apenas un día antes por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien sostuvo públicamente que el diálogo bilateral se mantenía activo pese a las tensiones.
El anuncio fue difundido a través de un comunicado oficial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, fechado en Quito el 26 de febrero. En el documento se informa que, “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, Ecuador adoptará “acciones soberanas” y que, a partir del 1 de marzo, la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de ese país pasará del 30% al 50%.
El comunicado señala que la decisión responde a “criterios de seguridad nacional” y que busca fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que, según el Ejecutivo ecuatoriano, debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera común. El argumento oficial vincula así la política comercial con consideraciones de seguridad interna y control fronterizo, eje que el Gobierno ha invocado desde el inicio de la medida arancelaria.
La “tasa de seguridad” fue aplicada inicialmente el 1 de febrero de 2026, cuando Ecuador impuso un recargo del 30% a productos importados desde Colombia. Bogotá respondió días después con aranceles recíprocos del 30% a bienes ecuatorianos y con restricciones en el comercio terrestre en determinados pasos fronterizos. La controversia escaló hacia el ámbito comunitario, con gestiones y reclamos ante instancias de la Comunidad Andina (CAN).
En ese contexto, la canciller Gabriela Sommerfeld declaró el 25 de febrero que Ecuador y Colombia mantenían abiertos los canales de comunicación. Según sus declaraciones públicas de ese día, el diálogo continuaba a través de las embajadas y contactos directos entre autoridades, y el Gobierno ecuatoriano no estaba cerrando espacios de conversación, tanto en materia comercial como en seguridad fronteriza. La ministra evitó detallar impactos económicos específicos, pero insistió en la necesidad de preservar la relación histórica entre ambos países y buscar una salida conjunta.
El anuncio del incremento al 50% se produce menos de 24 horas después de esas declaraciones y supone un endurecimiento de la posición ecuatoriana. Aunque el comunicado no hace referencia directa a las afirmaciones de la Cancillería, sí fundamenta la decisión en la evaluación de que Colombia no habría implementado medidas suficientes en materia de seguridad en la frontera común.
Desde el punto de vista comercial, el aumento del recargo implica un encarecimiento adicional de los productos colombianos que ingresan al mercado ecuatoriano. Sectores empresariales de ambos países ya habían advertido sobre los efectos del arancel inicial del 30%, particularmente en productos agrícolas, agroindustriales y manufacturados que se comercializan por vía terrestre. Con el nuevo porcentaje, el impacto podría ampliarse si no se alcanzan acuerdos de desescalamiento.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido una reacción oficial específica al incremento al 50%, pero previamente había defendido sus medidas como respuesta a lo que considera una aplicación unilateral incompatible con los compromisos de integración andina. La controversia podría intensificarse en los foros comunitarios si las partes mantienen sus posiciones.
La coexistencia de un discurso diplomático que enfatiza el diálogo y una medida comercial que eleva la presión arancelaria refleja una estrategia dual del Ejecutivo ecuatoriano: sostener canales formales de comunicación mientras incrementa los instrumentos de presión económica vinculados al eje de seguridad. La eficacia de esta estrategia dependerá, en parte, de la respuesta de Colombia y de la evolución de las conversaciones bilaterales en los próximos días.
Con la entrada en vigor prevista para el 1 de marzo, la tasa de seguridad del 50% marcará el nivel más alto aplicado hasta ahora en esta disputa comercial.
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