Dictaron la prisión preventiva para el agente de la Policía Federal acusado distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

La Justicia de Salta ordenó la prisión preventiva para un agente de la Policía Federal de 31 años, acusado de distribuir material de abuso sexual infantil a través de internet. En el allanamiento a su domicilio, los peritos hallaron más de 60.000 archivos entre imágenes y videos con contenido de abuso de menores.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, quien resolvió mantener al imputado detenido ante el riesgo de fuga y la posibilidad de que entorpezca la investigación, considerando tanto la gravedad del delito como el volumen del material incautado. La decisión respondió a la solicitud de la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, durante una audiencia multipropósito celebrada en la Oficina de Gestión Judicial.

Según informó el portal del medio local El Tribuno, el caso se originó a partir de la intervención de un sistema internacional de detección de delitos contra menores, el Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma estadounidense que rastrea y combate la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Gracias a este sistema, se identificó actividad sospechosa desde la ciudad de Salta, lo que permitió obtener datos precisos sobre la dirección IP utilizada, la empresa proveedora de internet, el titular del servicio, las fechas y horarios de los intercambios, la plataforma P2P empleada, los hash identificadores de los archivos y la ubicación geográfica del usuario.

Estos elementos resultaron determinantes para individualizar al sospechoso y dar intervención a la fiscalía especializada. La investigación se enmarca en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que involucra a diversos países y provincias en la lucha contra la pornografía infantil y la explotación sexual en línea.

En el marco de este operativo, se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, en la ciudad de Salta, donde se secuestraron computadoras, unidades de almacenamiento y teléfonos celulares. El análisis preliminar de los dispositivos permitió a los peritos detectar alrededor de 60.000 archivos —entre imágenes y videos— con material de abuso sexual infantil. Según la fiscalía, estos archivos no solo eran almacenados, sino también intercambiados y distribuidos activamente a través de redes P2P.

La imputación formal contra el agente lo señala como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos, conforme al artículo 128, primer y quinto párrafo, del Código Penal.

Durante la audiencia, el acusado optó por abstenerse de declarar, mientras su defensa solicitó medidas alternativas a la detención, petición que fue rechazada tanto por la fiscalía como por el juez.

El expediente judicial sostiene que la conducta investigada trasciende la simple tenencia de material ilícito, abarcando la distribución e intercambio activo de imágenes y videos de abuso sexual infantil mediante redes P2P.

La fiscal Sofía Cornejo informó que la investigación continúa, con peritajes más exhaustivos sobre los dispositivos secuestrados. Además, no se descarta la posible identificación de otras personas involucradas, a partir del estudio de las conexiones, los intercambios detectados y las redes utilizadas para la distribución del material.

Uno de los aspectos que mayor impacto generó en la opinión pública es la pertenencia del detenido a una fuerza de seguridad nacional. Aunque se trata de un agente de bajo rango y con funciones administrativas, su condición de integrante de la Policía Federal fue considerada relevante para el análisis del caso y provocó una fuerte repercusión institucional y social en Salta. Desde la investigación se aclaró que, hasta el momento, no se detectaron vínculos entre el hecho y su función específica dentro de la fuerza.