
A pocos meses de haber condenado al asesino de Yamila Cuello, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario y permitió avanzar con la investigación por el presunto encubrimiento en el homicidio de la joven de 21 años que desapareció el 25 de octubre de 2009 en la ciudad de Córdoba y cuyo cuerpo nunca más fue encontrado.
En abril de este año, Néstor Simone recibió una pena a 20 años de prisión, al ser considerado culpable por los cargos de homicidio simple, mientras que su hermanastro fue absuelto por falta de pruebas.
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A su vez, en 2021 el Juzgado Federal de la provincia había declarado prescripta la causa por encubrimiento respecto de Carina da Silva, amiga de la víctima, quien enfrentaba cargos por supuestamente manipular el teléfono de Cuello y colaborar con la desaparición del cuerpo tras el crimen.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la anulación de la prescripción argumentando que se trata de un delito permanente, por lo que continúa en discusión la situación judicial de un segundo partícipe, de acuerdo con la información que pudo conocer Infobae de fuentes del caso.
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Asimismo, en 2023 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario, resolvió anular ese fallo y ordenó al tribunal de origen un nuevo pronunciamiento. La defensa de Da Silva apeló la medida ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó la presentación por falta de sentencia definitiva, lo que implica que el proceso judicial aún no ha concluido con una resolución final que ponga fin.
De esta forma, la causa principal vuelve a instrucción para una nueva revisión judicial en torno a las posibles maniobras de encubrimiento.
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La desaparición que nunca se esclareció
La joven de 21 años fue vista por última vez la mañana del 25 de octubre de 2009, cuando salió de la casa de su abuela en barrio Coronel Olmedo, en Córdoba capital, con la intención de compartir un almuerzo junto a sus amigas. Nunca llegó a ese encuentro ni regresó a su domicilio. Desde el inicio de la investigación, las sospechas apuntaron a una red de trata de personas. La abuela de la joven, Eulalia Contreras, relató que la tía paterna de Yamila se dedicaba a la prostitución y que, en ocasiones, habría involucrado a la propia víctima. La denuncia original recogió el diálogo telefónico de Yamila con un masculino con quien mantuvo un intercambio de palabras subidas de tono, minutos antes de irse de la casa.
Las indagaciones rápidamente llevaron el foco hacia Simone, quien había tenido una relación marcada por situaciones de violencia de género. Aunque el acusado sostuvo que el vínculo con la joven había terminado, los registros telefónicos mostraron más de 300 contactos entre ambos en el mes previo a la desaparición. Ese 25 de octubre hubo ocho comunicaciones con el ahora condenado, previo a que la pasara a buscar por su domicilio.
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Finalmente, las juezas María Noel Costa y Carolina Prado y el juez Fabián Asís, siguiendo la calificación legal del caso propuesta por los fiscales Carlos Gonella y Gustavo Yofre, decidieron condenaron.
La instrucción del expediente y la elevación a juicio oral estuvo a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari, junto con la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROT).
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Entre las pruebas principales que fundaron la condena se destacan los peritajes sobre el historial telefónico y los antecedentes violentos de su relación con Yamila desde que ella tenía 17 años. A pesar de que el paradero de la joven jamás se esclareció, la Justicia consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado.
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