“Me van a matar”: Marcela Acuña dio su versión de la pelea en la cárcel y pidió investigar a la mamá de Cecilia Strzyzowski

La dirigente social Marcela Verónica Acuña, acusada y que está siendo juzgada como partícipe necesaria en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, presentó una denuncia en la que asegura que es víctima de hostigamiento dentro de la Unidad Penitenciaria N°1 de Mujeres del barrio Don Santiago, en Resistencia. En el documento relató su versión sobre los hechos que derivaron en su aislamiento luego de haber agredido a cinco agentes y apuntó contra funcionarias del penal y autoridades provinciales. Incluso, pidió investigar a la mamá de su nuera asesinada.

La esposa de Emerenciano Sena y madre de César, todos en juicio por el crimen en Chaco, atacó y lesionó a las agentes. Además, la mayoría de las demás presas reclama su exclusión del penal. Pero la visión de Acuña de lo que ocurrió es muy distinta.

En una llamada telefónica con su hermana Patricia, a la que accedió Infobae, la imputada habló de un clima de tensión en el pabellón y denunció presuntos abusos de poder, golpes y amenazas por parte del personal penitenciario. Se mostró como víctima de un sistema que la ha acusado injustamente, según sus dichos.

“Lo que yo quiero, Patri, es una denuncia penal contra la jefatura de acá y contra las que operaron ayer. Quiero un alejamiento de esa gente, o que me lleven a otro lado, porque te digo la verdad: hoy te digo que es peligrosa mi situación. Ellos están generando un ambiente para que a mí me pase cualquier cosa”, afirmó.

En el mismo diálogo, Acuña detalló que la noche anterior se registró un episodio violento en el que una compañera suya fue “atacada” por agentes penitenciarias. “La golpearon, la sacaron a los golpes, tiene la cabeza con profundos golpes y la llevaron semidesnuda porque estaba en el baño”, señaló.

Según su relato, después del hecho, las mismas guardias intentaron convencer a las internas de suscribir un escrito en su contra. “Querían que firmen para que me saquen de ahí. Les prometieron cosas a cambio de beneficios”, agregó.

Durante la conversación, la dirigente chaqueña dijo que el ataque fue planificado y que las personas involucradas buscaban aislarla nuevamente. “Si alguna compañera le pasa algo acá, incluido a mi persona, hago responsable a esa gente”, advirtió.

Acuña sostuvo que dentro del penal “hay corrupción” y que se “lavan fondos” vinculados al manejo de dinero de las internas. “Lavan plata y por eso me aíslan para que no me entere. Permiten que hombres estén armados dentro del penal. Permiten, a cambio de visitas íntimas, que se ejerza la prostitución aquí”, denunció. Según explicó, esos hechos motivaron su decisión de hacer pública su situación: “Por eso te pido, hermana, que lo viralices, porque está mi vida en esta viralización”.

En paralelo a esa comunicación, Acuña presentó una denuncia formal en la que responsabilizó a los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez, a la jueza técnica Dolly Fernández, al ministro de Seguridad Hugo Matcovich, y al gobernador Leandro Zdero. Los acusó de prevaricato, cohecho e injerencia política en su causa judicial. En el texto de más de cinco páginas, afirmó que su proceso “fue viciado” y que su detención respondió a una “situación de poder”.

En el documento, Acuña consideró que el Equipo Fiscal N° 4 ocultó pruebas que, según ella, demostrarían su inocencia y la de su esposo, Emerenciano Sena, también imputado.

“Hubo chats donde la supuesta víctima emitió un diálogo demostrativo de mi inocencia y de la falta de elementos para la detención tanto mía como de mi compañero”, indicó. Aseguró además que durante el allanamiento del 9 de junio de 2023 en su domicilio “no se encontró absolutamente nada” y que su detención fue “un acto ilícito” impulsado con fines políticos.

La imputada solicitó que se investigue, incluso, a Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, por “amenazas e incitación a la violencia”.

Y pidió “resguardo judicial” para su familia, incluyendo a su hermana Patricia, su hija Paula Martínez y su nieta de ocho años por supuestas amenazas recibidas. En el cierre de la denuncia, informó que iniciará una huelga de hambre como protesta por sus condiciones de detención. “Comenzaré esta huelga por la vida y por los derechos humanos de las mujeres que estamos en contexto de encierro”, escribió.

La imputada por el femicidio de Cecilia consideró que su privación de libertad responde a una maniobra de desprestigio y que el recrudecimiento de sus condiciones de encierro busca “deteriorar su estado físico y psicológico”. En su presentación ante la Justicia, pidió la intervención del Comité de Prevención de la Tortura, la revisión de su caso y la separación inmediata del personal penitenciario denunciado.

“Me van a matar. Yo no quiero aparecer como Merino, ahorcado en su celda. Tengo miedo por el estado de salud mental de mis compañeras. Están muy mal, están tristes. Nunca vivieron esto”, expresó en la llamada. “Yo no me voy a enojar con ellas. Lloran, les hacen de todo. Por eso te pido que hables con el comité, porque es grave lo que está pasando.”

El juicio

Marcela Acuña permanece detenida junto con su esposo Emerenciano Sena, su hijo César Sena —presunto autor material— y otros cuatro acusados vinculados al femicidio de Cecilia, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Chaco.

El proceso judicial se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados en Resistencia. El juicio avanza más rápido de lo estipulado y podría finalizar durante la próxima semana.

La programación original contemplaba audiencias hasta el 20 de noviembre, pero fuentes judiciales advirtieron a Infobae que el debate oral podría terminar antes. Hasta la jornada del jueves, ya habían pasado 25 de los 53 testigos previstos.

Según pudo saber este medio, este lunes está previsto que declare el último testigo ofrecido por la fiscalía, para luego dar paso a las declaraciones propuestas por las defensas: se esperan 20 testimonios en total.

El miércoles 12 de noviembre se desarrollarían los alegatos y la lectura de instrucciones. Esto daría paso a la deliberación del jurado popular, un proceso que requiere analizar siete formularios diferentes sobre los siete imputados.