Pidieron hasta 20 años de prisión y el decomiso para una banda de secuestradores que operaba en Rosario

El juicio contra la banda de secuestradores que operó en San Nicolás y Rosario durante 2023 alcanzó su etapa final en los Tribunales Federales de Rosario, luego de que la fiscalía solicitó penas de hasta 20 años de prisión efectiva para los seis acusados, con especial severidad para quienes fueron identificados como líderes de la organización.

“No se trata de hechos aislados, estamos frente a una organización criminal jerarquizada y persistente en el tiempo”, afirmó el fiscal general Federico Reynares Solari durante el alegato que presentó este viernes. Además, estuvo acompañado por el auxiliar Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

En la cúspide de la organización, los investigadores ubicaron a Claudio Daniel Coto como jefe, responsable de la estrategia general y del uso de identidades falsas para encubrir su participación, y señalaron a Néstor Adrián Santabaya como “jefe operativo”. A raíz de sus roles, pidieron que el líder fuera condenado a 20 años de prisión efectiva, mientras que solicitaron otros 18 años en prisión para su mano derecha.

El resto de los imputados cumplía funciones de “soldados” o mano armada (Emiliano Mario Andrés Acuña y Sebastián Ezequiel Pugliese), inteligencia y logística (Silvia Beatriz López) y apoyo (Nicolás Adrián Santabaya).

Según la información publicada por Rosario3, para Acuña y Pugliese pidieron 15 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que para López y Santabaya se requirieron 6 años de prisión para cada uno. Además, los fiscales solicitaron el decomiso de bienes, vehículos, armas y dinero incautado, al considerar que provienen de la actividad criminal.

En línea con esto, la acusación señaló la existencia de una estructura delictiva con roles definidos y una logística que, en palabras de los fiscales, resultaba “digna de una fuerza de seguridad paralela”. Incluso, describieron que el grupo seleccionaba víctimas de alto perfil patrimonial.

Para esto, la banda realizaba tareas de inteligencia, alquilaba casas para el cautiverio, utilizaba vehículos con patentes cambiadas, teléfonos analógicos para evitar rastreos y hasta un distorsionador de voz.

Después de una investigación, coordinada por el fiscal general Javier Arzubi Calvo para los hechos en Rosario y Matías Di Lello para el caso de Villa Ramallo, permitió desarticular la banda tras una serie de secuestros extorsivos.

El primero de los hechos juzgados ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, donde uno de los hijos del fallecido empresario Gustavo Degliantoni fue interceptado mediante un falso operativo policial. En esa oportunidad, los secuestradores exigieron un rescate de un millón de dólares.

Tras una compleja negociación y el pago en una estación de servicio de Wilde, se acordó el pago de USD 580.000. Finalmente, la liberación se produjo en la madrugada del 26 de enero.

Cinco días después, la banda intentó secuestrar a la pareja y al hijo adolescente del empresario farmacéutico Roberto Zórzoli en la cochera de la Torre Aqualina de Rosario. El primer intento fracasó porque “el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual se retiraron”, según la reconstrucción de los hechos.

No obstante, el 10 de octubre, en el mismo lugar, lograron capturar a la mujer y al adolescente, quienes fueron trasladados a una vivienda en el barrio Parque Avambaé de San Nicolás. Fue así que el empresario recibió mensajes y llamadas en las que le exigían 3 millones de dólares, aunque las víctimas fueron liberadas ilesas ese mismo día en una zona rural de Campo Salles.

Por otro lado, la fiscalía vinculó la Renault Trafic blanca utilizada en el secuestro con un robo posterior de $530 millones a una financiera del microcentro porteño, en el que el vehículo apareció ploteado como ambulancia y luego fue hallado incendiado en Lanús.

De la misma manera, durante la instrucción, los acusados recibieron la falta de mérito en el secuestro del financista rosarino Jorge Oneto, perpetrado en julio de 2021. A pesar de esto, el hecho no fue denunciado en su momento a las autoridades.

“Todo encajó como un rompecabezas que conduce a los mismos nombres y la misma firma criminal”, sostuvo la acusación, tras haber presentado un cuadro probatorio “contundente”, basado en testimonios, escuchas telefónicas, pericias técnicas, cámaras de seguridad, cotejo de voces y análisis de equipos secuestrados.

Las mismas deberán ser evaluadas por el Tribunal Oral Federal N° 3, que fue integrado por los jueces Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Mario Gambacorta.

Las penas solicitadas por la fiscalía incluyen 20 años de prisión para Claudio Daniel Coto y 18 años para Néstor Santabaya, considerados jefes de la asociación ilícita y responsables de los secuestros extorsivos.