Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva. Están acusados de haber participado en el secuestro extorsivo de un joven de 24 años, ocurrido el 17 de mayo pasado en el Bajo Flores. La víctima permaneció dos horas cautiva hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y 1.500.000 pesos.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°3, dirigida por el fiscal federal Eduardo Taiano, y derivó en la detención de los tres policías y de un cuarto implicado: un ciudadano peruano de 20 años, repartidor de aplicaciones, también procesado.
La jueza federal María Romilda Servini, titular del Juzgado N°1, resolvió los procesamientos en las últimas horas y fijó embargos por 50 millones de pesos para cada imputado, según el portal Fiscales.
Los policías procesados son A.N.L. (32), P.O.M. (43) y H.M.D.S. (50), todos inspectores y miembros de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4, con sede en Parque Patricios. A todos se les abrió un sumario administrativo en la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad.
De acuerdo con la acusación, los inspectores usaron un móvil no identificable de la fuerza para monitorear fases del secuestro y brindar apoyo logístico.
El cuarto acusado es el joven peruano domiciliado en Barracas, cuya motocicleta fue utilizada tanto en la captura como en el cobro del rescate.
La resolución judicial encuadró los hechos como “secuestro extorsivo agravado” —por haberse concretado el pago, por la participación de tres o más personas y por el uso de armas de fuego—, en concurso con “robo agravado por el uso de armas”, ya que a la víctima también le sustrajeron un celular iPhone 12 y un par de zapatillas Nike talle 39, que eran el objeto de la supuesta venta por la cual había sido citado.
En el caso de los policías, la figura se agrava aún más por tratarse de integrantes de una fuerza de seguridad.
Los cuatro fueron detenidos el 2 de septiembre pasado en ocho allanamientos —seis en la Ciudad de Buenos Aires y dos en el conurbano bonaerense— realizados por el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina (PFA).
La Dirección Autónoma de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad porteño aportó datos clave de geolocalización del móvil policial y de los celulares de los inspectores involucrados, además de filmaciones de la DIC 4 que registraron los movimientos de los acusados.
El secuestro
El secuestro comenzó alrededor de las 15 del 17 de mayo, cuando la víctima, dedicada a la reventa de productos importados, acudió a la intersección de las avenidas Perito Moreno y Cruz para concretar la venta de unas zapatillas.
Allí fue interceptado por dos hombres en moto. Uno de ellos, tras identificarse como comprador, lo amenazó con un arma y le dijo: “Perdiste guachín”. Luego le quitó el celular y lo obligó a conducir por distintas zonas de la Ciudad.
En el trayecto, otro hombre se subió al auto y desde el teléfono de la víctima llamó a su pareja, exigiendo un rescate de 5.000 dólares. Finalmente, el hermano del cautivo entregó 4.000 dólares y 1.500.000 pesos en la esquina de Rucci y Zuviría a un motociclista con el rostro semicubierto, tez trigueña y una cicatriz en el pómulo.
La víctima fue liberada poco después en una plazoleta de Villa Soldati.
La investigación determinó que una Citroën Berlingo blanca, móvil Nº 1177 de la Policía de la Ciudad, fue usada durante el secuestro. Cámaras de la DIC 4 registraron que, el día del hecho, P.O.M. condujo la camioneta, acompañado por A.N.L. y H.M.D.S.. Incluso se verificó que A.N.L. consultó en el sistema policial el dominio del vehículo de la víctima y su DNI mientras el joven estaba cautivo.
Un testigo señaló que uno de los secuestradores llevaba “cadena de oro” y era un “policía de brigada”, en alusión a H.M.D.S. Además, las ropas secuestradas durante los allanamientos coincidieron con las vistas en videos del hecho.
Respecto del repartidor peruano, la jueza valoró que su moto Hero Hunk 150 fue identificada en las imágenes, que su cicatriz coincide con la descrita por el hermano de la víctima y que en sus redes sociales aparecía con el mismo rodado.
En su fallo, Servini destacó la contundencia de la prueba: “El cúmulo de elementos de prueba recolectados hasta aquí me permite tener por acreditada la materialidad del hecho investigado y la responsabilidad de los imputados”. También remarcó la gravedad institucional: “Resulta abrumador siquiera pensar que quienes ostentan la condición policial y tienen el deber de garantizar la ley, se involucren en hechos como el que aquí nos ocupa”.
La magistrada dictó la prisión preventiva al considerar riesgos procesales, dado que los delitos imputados prevén penas de hasta 25 años de prisión y no son excarcelables. Los cuatro procesados quedaron alojados en el Servicio Penitenciario Federal, mientras la investigación continuará bajo la Fiscalía N°3 para identificar a otros posibles partícipes y analizar el patrimonio de los acusados.
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