Una investigación federal que lleva varios meses en Rosario desembocó este jueves al mediodía en allanamientos en la sede del Correo Argentino y en domicilios particulares de tres empleados –uno de ellos, recientemente desvinculado– y de importadores de encomiendas internacionales que, mediante maniobras bajo investigación, evadieron controles aduaneros a cambio de un rédito económico.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal a pedido de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo y Soledad García, y fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.
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Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal formalizarán la acusación este viernes a las 11 en los tribunales ubicados en bulevar Oroño al 900, cuando imputen a siete personas, cuatro de ellas arrestadas este jueves.
El legajo mostró sus primeras medidas a finales de abril pasado, cuando la Policía Federal –por solicitud de los mismos fiscales– allanó el Correo y nueve domicilios particulares –siete de Rosario y dos de Buenos Aires–.
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Esos procedimientos estuvieron dirigidos a personal del Correo y usuarios que habían traído figuras de acción coleccionables y álbumes musicales en formatos CD y vinilo que luego fueron comercializados.
En el avance de la causa se pudo establecer que los involucrados habrían realizado desde 2023 en adelante dos tipos de maniobras para evadir los controles aduaneros y el pago de tributos por las encomiendas internacionales.
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Una consistía en marcar como destinatarias a distintas personas, pero un único domicilio. La otra, que la mercadería sea entregada sin la declaración jurada de la Aduana y sin que se hiciera un control aduanero en el Correo Argentino. En este último caso, los usuarios abonaban un 50 por ciento del valor de los impuestos, dinero que se quedaban los tres empleados sospechados.
Algunos de los allanados en abril volvieron a ser objetos de operativos este jueves, donde fueron detenidos el importador Javier J. y los empleados del Correo Maia L., Eduardo C. y Hugo L. Investigadores confiaron que los dos trabajadores ostentaban cargos jerárquicos, en el caso de Hugo L. hasta el año pasado, cuando fue desvinculado.
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A la audiencia de este viernes irán los cuatro arrestados –los del Correo todos defendidos por Paul Krupnik y Martín Marini– y tres importadores de objetos que fueron citados en libertad.
El procedimiento primario
A fines de abril, la PFA desarticuló una estructura delictiva que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y en Rosario y que está acusada por ingresar mercadería de manera ilegal a nuestro país.
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La investigación se inició a raíz de la recepción de un oficio judicial proveniente de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Soledad García.
La funcionaria quería comprobar las maniobras de evasión de impuestos y aranceles, previstos en el código aduanero, por parte de una red.
En consecuencia, los federales, junto con personal de la División Enlace con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJudeco) en la Ciudad de Buenos Aires, realizaron diversas pesquisas, análisis de pruebas y tareas de ciberpatrullaje, con el fin de establecer la identidad y paradero de los sospechosos.
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Como resultado se estableció que la banda contaba con empleados del Ente Nacional Correo Argentino -sede Rosario-, quienes facilitaban el ingreso de mercadería de importación sin la documentación legal respaldatoria y sin abonar los respectivos impuestos y aranceles a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además, se determinó que una vivienda ubicada en la localidad rosarina de Arroyo Seco, era utilizada por uno de los investigados para la recepción de encomiendas.
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Con el total de las pruebas obtenidas, el magistrado interventor ordenó 11 allanamientos: siete en Rosario, tres en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la localidad de Arroyo Seco.
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