La disputa en la Justicia por quién se encargará de investigar la coima de 25 mil dólares presuntamente cobrada por Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, llegó a su fin tras un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en Criminal y Correccional. El caso debe quedar bajo la órbita del fuero de instrucción, o sea, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro y de la firma de la jueza Laura Bruniard.
Según pudo saber Infobae, ante esto, la magistrada no perdió tiempo y fijó fecha para la indagatoria del dirigente deportivo para el próximo 11 de septiembre.
Todo comenzó porque el fiscal de la Ciudad Maximiliano Vence inició la causa de oficio tras la difusión del caso, con una cámara oculta revelada por el programa Telenueve Denuncia.
Mientras que la fiscal Mónica Cuñarro recibió la denuncia del abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo. Incluso, la funcionaria lanzó fuertes acusaciones contra su colega porteño de forum shopping “precedido de un acuerdo (tácito, explícito o expreso) que obedecería a actos contrarios al espíritu de justicia”.
Ante esto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a través de su Sala VII, resolvió un conflicto de competencia que mantenía en suspenso la investigación sobre Moretti.
La decisión confirmó que será la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional la encargada de continuar con la causa por presunta defraudación por administración fraudulenta, dejando fuera de la disputa al fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución, firmada por el camarista Pablo Guillermo Lucero, descartó el planteo de la defensa de Moretti, encabezada por el abogado Gastón Marano, que solicitaba que el expediente pasara a la justicia porteña.
El tribunal señaló que escindir el trámite habría significado “vulnerar la prohibición de doble juzgamiento, además de desconocer el principio de unidad de la investigación penal”.
En su análisis, la Sala VII recordó que la figura de administración fraudulenta, prevista en el artículo 173, inciso 7° del Código Penal, no fue transferida a la Ciudad de Buenos Aires en los convenios celebrados con el Estado Nacional en el marco de la Ley 24.588, por lo que cualquier intento de investigación local constituiría un “traspaso de hecho”.
La Cámara concluyó que “la severidad de la pena o el orden temporal de los hechos no resultan parámetros que habiliten legalmente a la justicia de la Ciudad a arrogarse facultades jurisdiccionales que el legislador no le ha conferido”.
A indagatoria
Tras la definición de la Cámara, el expediente regresó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Bruniard, quien el mismo día avanzó en la instrucción y fijó para el 11 de septiembre, a las 11, la indagatoria de Moretti, que se llevará a cabo en modalidad remota.
En paralelo, el juzgado requirió al apoderado del club, Carlos Gabriel Cabirol, que en un plazo de tres días informe la nómina actualizada de la Comisión Directiva, con los datos de identificación, cargos, fechas de asunción y períodos de inactividad de cada miembro. Esta medida se adoptó tras las renuncias de Julio Lopardo y otros integrantes, que generaron dudas sobre la representación institucional ante la justicia.
La causa
La investigación se centra en la denuncia presentada por Francis y otros socios del club, que apunta a operaciones realizadas durante la gestión de Moretti.
Según la acusación y la cámara oculta, entre febrero y junio de 2024, la madre de un jugador juvenil entregó dos pagos en efectivo —uno de U$S 20.000 y otro de U$S 5.000— al entonces presidente de San Lorenzo, con el fin de asegurar el fichaje del futbolista.
El contrato se formalizó el 24 de julio de 2024, aunque el chico no integró ni el plantel profesional ni el juvenil, ni participó en torneos organizados por la AFA.
Para la fiscalía, las sumas no ingresaron al patrimonio de la institución, según surge del balance presentado ante la asamblea de socios del 13 de diciembre de 2024.
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