Dos hombres que integraban una organización dedicada a llevar a cabo salideras bancarias en el barrio porteño de Belgrano fueron procesados con prisión preventiva tras una investigación encabezada por la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez. La resolución, a cargo de la jueza Laura Bruniard, comprendió además el embargo de bienes por $6.000.000 y $17.000.000 a cada uno. Un tercer implicado permanece prófugo y continúan las tareas para identificar a otros miembros de la banda.
El fiscal José María Campagnoli presentó pruebas sobre una reiterada secuencia de robos que tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y mayo de este año. Las víctimas eran captadas cuando salían de una casa financiera situada en la avenida Olazábal al 1500, donde retiraban sumas importantes de dinero. La investigación se intensificó tras un golpe cometido el 6 de septiembre del año pasado, cuando un chofer contratado por una empresa mendocina retiró $2.500.000 y, estando en el interior de su vehículo, fue abordado en la intersección de Mendoza y avenida Del Libertador. Allí, uno de los asaltantes rompió el vidrio del lado del acompañante y se apoderó de la mochila con el efectivo. En el forcejeo, el ladrón perdió su teléfono celular dentro del automóvil, lo que más tarde le permitió a los investigadores identificarlo y vincularlo a la banda.
Otros dos episodios, ocurridos el 19 de marzo y el 7 de mayo, replicaron el mismo patrón. Las víctimas eran seguidas después de salir de la financiera, luego interceptadas en la vía pública, y asaltadas mediante la rotura de una ventanilla. El hecho ocurrido en marzo se produjo en la intersección de las calles Olazábal y Golfarini.
Por otro lado, el otro robo incluyó la sustracción de una mochila que contenía, aparte de dinero, documentación personal y estudios médicos. Los videos captados por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) permitieron cotejar la modalidad e identificar a los acusados. Mientras que uno de los procesados llegaba a bordo de un auto para marcar a las víctimas, el segundo ejecutaba el robo.
La pericia sobre el teléfono sustraído del vehículo de una de las víctimas, les permitió a los investigadores avanzar. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal—publicada en el portal Fiscales.gob—, ordenaron analizar el aparato y los perfiles vinculados, lo que permitió relacionar a los sospechosos no solo a los robos concretos, sino también a la compra y venta de armas y municiones. Además, los listados telefónicos y los registros de actividad en la zona reforzaron la hipótesis sobre la existencia de una organización criminal activa al menos desde el año pasado.
El dictamen judicial incorporó también la revisión de conversaciones en redes sociales, donde los integrantes demostraban conocimiento detallado de la zona y se referían a sus acciones en la zona de Olazábal como “su casa”. La jueza Bruniard subrayó en su resolución: “La modalidad delictiva empleada y el tenor de las conversaciones que mantuvieron los imputados entre sí y con terceros, dan cuenta de que los sucesos bajo estudio no son episodios aislados, sino acciones organizadas y recurrentes”.
Tras una orden de allanamiento, se pudo solicitar un registro de los domicilios bonaerenses de los imputados, tareas que fueron ejecutadas por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), que concretó las detenciones y secuestró vehículos empleados en los atracos.
Para la magistrada, “la entidad de la empresa revela que durante casi 10 meses, la organización contó con sujetos activos que conocían los alcances de la planificación delictual y escogían futuras víctimas”. Ahora, los principales implicados permanecen detenidos, la causa sigue abierta con nuevos elementos de prueba, y se mantiene la búsqueda del cómplice prófugo y de otros posibles miembros del grupo delictivo.
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