El próximo lunes, dos ex funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Huinca Renancó, comenzarán a ser juzgados por la Justicia de Córdoba en el caso de Solange Musse. La mujer de 35 años falleció de un cáncer de mama terminal en plena pandemia mientras aguardaba la visita de su papá, a quien no le permitieron el ingreso a la provincia a pesar de contar con los permisos correspondientes.
La causa se elevó a juicio en diciembre del año pasado. Luego de meses de espera para la familia, el proceso se llevará a cabo en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto y será presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, con la participación de Nicolás Rins, Diego Ortíz y jurados populares. La acusación estará a cargo del fiscal de Cámara, Julio Rivero, en representación del Ministerio Público Fiscal.
El episodio que terminó en tribunales ocurrió el 15 de agosto de 2020, cuando el padre de Solange emprendió un viaje desde la provincia de Neuquén hasta la localidad cordobesa de Alta Gracia, en donde su hija se encontraba bajo cuidados paliativos en el Sanatorio Allende. El hombre iba acompañado por su cuñada y contaba con los permisos requeridos por los protocolos vigentes, que preveían excepciones ante situaciones de fuerza mayor como enfermedades terminales.
Sin embargo, en el límite provincial entre La Pampa y Córdoba, en el puesto caminero próximo a Huinca Renancó, las autoridades del COE local detuvieron a la comitiva, impidieron su avance y exigieron el regreso a su provincia de origen, bajo escolta policial. Los funcionarios fundamentaron la negativa en un supuesto resultado “dudoso” de un test de Covid-19 presentado por Pablo Musse, a pesar de que la normativa vigente contemplaba la posibilidad de ingresar en casos especiales. Padre e hija no se veían desde hacía cinco meses a raíz de la cuarentena.
Por esto mismo, Eduardo Andrada -ex director del hospital local— y Analía Morales —asistente social—, están acusados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según confirmó el portal El Doce, la orden judicial emitida por el juez sostiene que los imputados desoyeron las directrices que habilitaban la excepción y actuaron con excesiva severidad, privando a los familiares de la posibilidad de despedirse. El caso generó una gran conmoción en todo el país.
Días después de ese episodio, Solange falleció, pero antes de partir escribió una carta en la que expresó: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. Al mismo tiempo, su papá le dedico unas duras palabras al presidente de aquel entonces, Alberto Fernández. “Usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange, derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida. Pidió verme antes de su partida, pero no se lo permitieron. No solo eso, sino que a mí y a mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades diferentes, nos trataron como terroristas, escoltados por la policía de cuatro provincias un trayecto de 900 kilómetros”. De regreso en Neuquén, aseguró que nunca tuvo síntomas compatibles con la enfermedad, ni se había contagiado.
La denuncia fue presentada ante la Justicia. En un primer momento, la Fiscalía federal de Río Cuarto dictó imputó a cuatro personas, incluidos un sargento primero de la Policía Caminera y otro médico del COE. Solo Andrada y Morales estarán en el banquillo la próxima semana.
En la previa del proceso, Pablo Musse manifestó sus expectativas sobre la causa y reiteró su decisión de exigir justicia. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, insistió. En relación a los funcionarios acusados, sentenció: “No lo voy a perdonar”.
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