El jurado de enjuiciamiento aceptó este martes las acusaciones en contra de la jueza Julieta Makintach y dio inicio oficialmente al juicio político en su contra que definirá si es destituida de su cargo. A partir de ahora, la magistrada queda suspendida definitivamente y se hace efectiva la quita del 40% de su sueldo, que hasta esta instancia seguía cobrando.
Además, con la admisibilidad de las acusaciones, la renuncia que presentó Makintach ya no puede ser aceptada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien la tuvo en su despacho durante todo este tiempo sin expedirse al respecto.
La decisión del jurado fue tomada en el marco de una audiencia realizada desde las 12 del mediodía en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata.
La jornada arrancó con el rechazo de los planteos efectuados a último momento por la jueza, quien, a través de su abogado Darío Saldaño, hizo varias presentaciones para que se suspenda la citación.
-Presentó una recusación formal contra Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando su apartamiento por parcialidad manifiesta.
-Sostuvo que la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran habría dejado incompleto el cuerpo de jurados suplentes.
-Y alegó que el juicio político resulta parcial mientras no se incluya como imputados a los jueces Maximiliano Savarino y Veronica Di Tommaso, los otros dos que conformaban la terna en el juicio nulo por la muerte de Maradona.
A criterio de la magistrada, la audiencia de este martes no debía hacerse hasta no tratar estos puntos. Sin embargo, al ser rechazados al comienzo de la jornada, la cita continuó y el jury aceptó las acusaciones que pesaban en su contra.
De los ocho denunciantes originales, cinco reafirmaron sus denuncias contra Makintach por el escándalo que protagonizó en el juicio por la muerte de Diego Maradona, donde quedó vinculada al documental “Justicia Divina” y, por ello, el debate fue declarado nulo.
Entre las acusaciones estaban la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, la del Colegio de Abogados de San Isidro, la de un grupo de legisladores, la de la Bicameral y la de Julio Coria, el custodio de Maradona que terminó preso por falso testimonio.
La defensa de Makintach
La semana pasada, la jueza había presentado su defensa ante el jury.
“No hubo filmación prohibida, sino que se trataba de un hecho conocido por todos los integrantes del tribunal”, decía el descargo de la magistrada en el cual cargó contra sus ex colegas Maximiliano Savarino y Verónica di Tommasso, integrantes del TOC N°3 de San Isidro a cargo del juicio nulo por la muerte de Maradona.
En cuanto a las acusaciones, negó de manera categórica que hubiera existido una filmación prohibida. Explicó que las grabaciones fueron "conocidas y autorizadas por todos los miembros del tribunal", que se limitaron únicamente al primer día del juicio, cuando un camarógrafo se encontraba presente “a la vista de todos”.
Aclaró además que “no participó en ningún documental” sobre el proceso, ya que se trató de una idea de terceros que nunca avanzó, y que la entrevista que aceptó “fue previa al inicio del debate, realizada en un día inhábil, sin afectar su labor judicial”.
Rechazó, asimismo, la acusación de que el debate hubiera estado “guionado”, afirmando que no existe sustento probatorio para ello.
También rechazó haber incurrido en mal desempeño, abuso de autoridad, malversación de recursos públicos o incumplimiento de deberes, subrayando que no hay pruebas objetivas que respalden esas imputaciones. Recordó que todas las decisiones en el tribunal se adoptaron de manera colegiada, lo que impide responsabilizar a un solo juez por actos colectivos.
En su defensa también argumentó que el caso estuvo atravesado por un fuerte componente mediático y que la acusación se apoyó en presiones externas y construcciones públicas, no en hechos jurídicos comprobados.
Hay que recordar que la magistrada es además investigada en una causa penal que llevan los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb, que indagan sobre sus vínculos con el documental.
En ese contexto, Dalma y Giannina Maradona decidieron avanzar judicialmente contra los productores detrás del documental que se filmaba durante las audiencias del debate sin el consentimiento de las partes y con la jueza Makintach como protagonista.
Se trata de José Arnal, el dueño de la productora La Doble S.A.; Juan D’ Emilio, el escritor maradoniano y pareja de una amiga de la magistrada; y María Lía Vidal, quien tiene una relación de amistad con Makintach desde la infancia e iba a las audiencias junto a D’Emilio a fin de sacar ideas para el film.
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