
El Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata rechazó los pedidos de libertad condicional presentados por Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos ex miembros de la Policía Bonaerense condenados por el crimen de Natalia Melmann, la adolescente secuestrada, torturada, violada y asesinada el 4 de febrero de 2001 en la ciudad de Miramar.
Según determinó el tribunal, los fundamentos para negar la libertad condicional se basaron en elementos legales y en la revisión de la conducta de los detenidos. La resolución fue comunicada este martes y rápidamente la defensa oficial de los acusados, representada por Patricia Perelló, interpuso un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones de la ciudad, una instancia que deberá expedirse en las próximas semanas sobre la situación procesal de los condenados.
En diálogo con la prensa, Gustavo Melmann, padre de la víctima, indicó: “Estamos conformes, pero nos queda una instancia más que siempre falla en favor de estos asesinos”. Así lo detalló el portal La Capital de Mar del Plata. En reiteradas ocasiones el papá de la joven de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en el vivero Dunícola Florentino Ameghino, manifestó el temor que tienen junto a la mamá, de que no les alcance la vida para ver a la Justicia condenar a todos los responsables del homicidio.

Oscar Echenique mantiene el beneficio de salidas transitorias otorgado en diciembre del año pasado, lo que le permite circular fuera del penal los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20 horas, bajo condiciones estrictas de control. Los jueces Pablo Poggetto y Gastón de Marco firmaron la resolución que establecía el cumplimiento del régimen en un domicilio del barrio San Eduardo del Mar, bajo la tutela y responsabilidad exclusiva de su hermana.
En el caso de Anselmini, la Justicia le había concedido un régimen similar permitiéndole salidas dominicales cada dos semanas, pero esa medida fue revocada en octubre pasado tras un episodio documentado por vecinos, que lo captaron caminando por una plaza del barrio rumbo a un almacén, situación que generó alarma y repudio en la comunidad.
Por el caso hay otros dos detenidos. Por un lado, el ex policía Ricardo Alfredo Suárez, quien fue condenado en septiembre de 2002 a prisión perpetua tras ser encontrado culpable de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

Y por el otro lado, Ricardo Panadero, quien fue absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución y ordenó que se lo juzgara nuevamente.
Finalmente, en 2023, fue condenado a prisión perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”.
En tanto, el ex convicto con antecedentes penales Gustavo “Gallo” Fernández, fue sentenciado a 25 años por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida posteriormente a 10 años.

A mediados de junio se dispuso obtener muestras de ADN de seis agentes que cumplían funciones en la ciudad balnearia en 2001. En ese entonces, la citación judicial abarcaba a ocho policías, pero cuatro apelaron la medida.
La Cámara avaló la obligación para dos de ellos, mientras que los otros dos casos fueron recurridos a la instancia de Casación por la querella. Para el 9 de julio se esperaba realizar la toma de muestras a seis efectivos, pero el procedimiento no pudo concretarse con ninguno. Tres no se presentaron y los otros tres restantes, pese a su asistencia, no se sometieron al análisis forense por razones que no fueron informadas.
Por ahora, la identidad de los policías involucrados no ha trascendido, ya que los familiares de la adolescente resolvieron mantener en reserva esos datos.
Durante el juicio que puso tras las rejas a cinco individuos en diferentes momentos, quedó acreditado que la joven fue interceptada por efectivos de la policía bonaerense, quienes la obligaron a ingresar en un móvil oficial para ser víctima de abuso sexual. Luego, la trasladaron a una casa ubicada en el extremo sur de la ciudad, donde sufrió torturas y delitos sexuales. La causa del deceso fue asfixia mecánica, al haber sido estrangulada con el cordón de una de sus zapatillas.
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