La administración de José Antonio Kast en Chile lanzó el “Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional” con el objetivo de enfrentar las secuelas de los incendios forestales que devastaron la Región del Biobío en enero de 2026 y reimpulsar la economía del país.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación temporal del IVA para la compra de viviendas, con el objetivo de incentivar la reconstrucción y el acceso habitacional.
El anuncio se realizó en la comuna de Penco, donde el presidente encabezó la presentación de la iniciativa, destinada a la reconstrucción de viviendas, la reactivación económica y la reforma de instituciones tras la emergencia.
La propuesta contempla más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes principales, que incluyen la reconstrucción física de las zonas afectadas, la recuperación económica, reformas institucionales, orden fiscal y fortalecimiento de la seguridad pública.
Durante la emergencia, 19 personas fallecieron y cerca de 5.000 viviendas quedaron dañadas solo en Penco, según datos oficiales. Para responder a esta situación, el Ejecutivo propuso ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio para incendios y destinar una inyección adicional de 400 mil millones de pesos a la región.
El gobierno busca dinamizar la economía chilena con modificaciones tributarias. Entre las medidas, se plantea una eliminación temporal del IVA para la compra de viviendas y la reducción de la tasa corporativa desde el 27% al 23%.
Además, se prevé un subsidio para proteger el empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales, con el fin de acelerar la inversión en las zonas más afectadas.
El paquete también incluye reformas al sistema de gratuidad universitaria, que ahora se limitará a estudiantes menores de 30 años, y el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En el ámbito de la seguridad, la iniciativa endurece las sanciones al contrabando de cigarrillos y al transporte ilegal de migrantes, al tiempo que provee herramientas de inclusión financiera para proteger a los sectores más vulnerables de la usura y el crédito informal.
Durante su visita a la Región del Biobío, José Antonio Kast recorrió sectores afectados, rindió homenaje a carabineros caídos y supervisó el despliegue de seguridad en la provincia de Arauco.
En el contexto de la emergencia, la zona permanece bajo Estado de Catástrofe Constitucional hasta el 18 de marzo, situación que el nuevo mandatario deberá evaluar si extiende o no, a través de un decreto a tramitarse en los próximos días.
El proyecto llega en un momento político clave. Apenas asumido, Kast logró instalar a dos parlamentarios de su sector en posiciones estratégicas dentro del Congreso: Paulina Núñez (RN) en el Senado y Jorge Alessandri (UDI) en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Paralelamente, firmó varios decretos enfocados en fortalecer la seguridad y la gestión de fronteras. Entre estos destaca el ‘Plan Escudo Fronterizo’, que instruye a los ministerios de Defensa e Interior a gestionar cambios legales para frenar la migración irregular, modificar las reglas del uso de la fuerza y construir barreras físicas en sectores requeridos.
La administración también ordenó una auditoría total a la gestión saliente de Gabriel Boric en todos los ministerios e instituciones del Estado.
“Aquí vemos la destrucción por el fuego, pero en Chile se han destruido muchas más cosas. La economía, literalmente, se rompió y el crecimiento se estancó”, dijo Kast.
El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2,6% en 2025 y la inflación cerró en 3,5%. Sin embargo, el déficit fiscal estructural alcanzó el 3,6% del PIB, el nivel más alto de las últimas dos décadas.
José Antonio Kast advirtió que la fuga de empresas nacionales y extranjeras hacia países con menor carga tributaria y menos regulaciones ha dejado a Chile en desventaja competitiva.
Dentro de las prioridades inmediatas, el presidente instruyó acelerar la construcción de viviendas en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, una tarea que quedó a cargo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.
(Con información de EFE)
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