
La Dirección de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense concretó la desarticulación de una organización narcocriminal dedicada a la venta, distribución y fraccionamiento de estupefacientes en los partidos de La Matanza y Esteban Echeverría.
La investigación se basó en tareas de inteligencia sobre los barrios “El Tambo” en Isidro Casanova y “Las Achiras” en Villa Celina, extendiéndose a otros puntos estratégicos de la zona sur del conurbano bonaerense. La estructura criminal identificada presentaba un funcionamiento jerárquico y descentralizado, con roles bien definidos para cada integrante.
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El operativo incluyó once allanamientos simultáneos. Siete de ellos se ejecutaron en distintos barrios de La Matanza (Isidro Casanova, Villa Celina, Rafael Castillo, González Catán y Gregorio Laferrere) y cuatro en el partido de Esteban Echeverría (Monte Grande). Estas acciones permitieron la detención de ocho personas con distintos grados de involucramiento en la banda, todos con antecedentes por infracción a la Ley de Drogas.
La organización contaba con una líder visible encargada de coordinar la provisión, fraccionamiento y distribución de la droga. Se identificaron colaboradores directos responsables de la gerencia de puntos de venta, logística, guarda de dinero, resguardo de armas y funciones de lavado de activos, así como otros actores dedicados al almacenamiento y fraccionamiento de las sustancias.
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La investigación reveló la participación de individuos con lazos familiares y vínculos con comercios barriales utilizados como fachada para operaciones ilícitas.

Entre los elementos secuestrados se encontraron más de dos kilogramos de pasta base y cocaína, más de un kilogramo de marihuana, pistolas con numeración suprimida, dinero en efectivo, diversas herramientas para el fraccionamiento y pesaje de la droga, cuadernos con anotaciones, rollos de cinta de embalar, recortes de nylon y 21 teléfonos celulares. Además, se requisaron cinco vehículos utilizados en la logística y distribución, todos implicados en la operatoria y adquiridos por integrantes de la banda.
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Dentro de la estructura criminal, el esquema de funcionamiento contemplaba la presencia de presuntos “soldados” encargados de vigilar y alertar sobre movimientos policiales, especialmente en zonas sensibles cercanas a instituciones educativas y clubes barriales. Se detectó el uso sistemático de un código interno y la utilización de vehículos sin patentes visibles para dificultar la identificación en la vía pública. También se hallaron registros escritos que documentan transacciones y distribución de dinero, prueba de un funcionamiento organizado y sostenido.
Cómo operaba la banda
La banda operaba puntos fijos de venta y guardado, coordinando el acopio, fraccionamiento y comercialización de sustancias. Se determinó la presencia de vínculos directos con abastecedores extranjeros, quienes utilizaban comercios familiares para encubrir el almacenamiento de estupefacientes.
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En el procedimiento se contó con la intervención de agencias internacionales para descartar requerimientos de carácter global o alertas de INTERPOL sobre las personas detenidas, lo que permitió avanzar en el perfil criminal con perspectiva transnacional.
Para la ejecución de los allanamientos participaron 345 efectivos, integrados por personal de distintas dependencias policiales y grupos tácticos especializados. Las tareas incluyeron la revisión exhaustiva de domicilios, registros vehiculares, inspecciones dinámicas y la custodia de elementos probatorios en todo momento, garantizando procedimientos seguros y sin incidentes violentos.
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Las pruebas recopiladas y las detenciones logradas representan un avance relevante en la lucha contra el narcotráfico a nivel local y regional, permitiendo desarticular una estructura que operaba desde hace tiempo y que presentaba mecanismos de alerta y resistencia al accionar policial. El caso continúa bajo investigación jurídico-penal mientras se analizan redes auxiliares y posibles vínculos con otros hechos delictivos en la zona.
Antecedentes penales de los sospechosos
Ocho personas permanecen detenidas tras el despliegue de once allanamientos realizados en los partidos de La Matanza y Esteban Echeverría. Algunos los implicados presentan causas previas o vínculos con el delito, situación que confirma la reiteración y sistematicidad en su accionar.
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Uno de ellos, por ejemplo, cuenta con una condena de cuatro años y seis meses de prisión dictada en 2015, por infracción a la Ley de Drogas. Esta causa se originó en el Juzgado Federal Nro. 3 de Morón y culminó con fallo del Tribunal Oral Criminal de San Martín.
Otro registra antecedentes desde 2012, en una causa por homicidio agravado, tramitada en el Departamento Judicial de La Matanza, mientras que un tercero acumula varios antecedentes desde 2020, en expedientes abiertos por robo simple, robo agravado y delitos contra la propiedad, tramitados en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y La Matanza.
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Estos extensos prontuarios confirman el funcionamiento persistente y especializado de la banda, así como la peligrosidad de sus integrantes en el contexto de la investigación por narcotráfico y delitos conexos.
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