Dentro de la banda de los “Caranchos top”, una mujer cumplía un rol clave en la captación de prestanombres para estafar a compañías de seguro con accidentes falsos. Se hacía llamar “Noelia” por WhatsApp, pero su verdadero nombre es Micaela Carla Palmisano.
La promotora de 34 años, de acuerdo a su LinkedIn, es estudiante de la Universidad de Ciencias Empresariales, trabajó como operadora telefónica, en atención al cliente y cobranzas. La DDI de Morón no la halló en su domicilio, en San Miguel, cuando fueron a arrestarla.
Ahora es buscada intensamente tras la detención del abogado Matías Rodrigo Giovanell, el presunto líder de la organización, de acuerdo a la investigación de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, de la UFI N°5 de Morón. El influencer, que usaba la cuenta de Instagram “Tu Abogado Responde” como plataforma de promoción, se entregó este jueves junto a su abogado, Iván Mendoza, tras la aprehensión de su socio, Gastón Tardini, en un edificio de Vicente López.
Fuentes del caso indicaron a Infobae que Palmisano reclutaba, a través de anuncios en redes sociales, a asegurados dispuestos a dar sus datos (y los de un tercero) para denunciar siniestros inexistentes. A cambio, recibirían entre 300 y 200 mil pesos.
“Noelia” publicaba en sus estados de WhatsApp los comprobantes de las transferencias de dinero como una forma de jactarse del “éxito” de la maniobra delictiva que se completaba con un presupuesto y un certificado médico falsos. De esta manera, buscaba atraer otros prestanombres, explicaron los investigadores a este medio.
A raíz de las pruebas en su contra, la jueza de Garantías Karina De Luca ordenó su captura nacional e internacional por cinco hechos de estafas reiteradas en grado de tentativa.
La abogada de Palmisano presentó una eximición de prisión que fue rechazada. Lo hizo fuera de tiempo: la orden de detención ya había sido emitida.
La causa tiene otro prófugo: Reynaldo Antonio Falcone, un abogado de 81 años, que tampoco fue encontrado en el allanamiento realizado en su departamento de la calle Arenales, en CABA. Creen que el letrado habría sido convocado por la estructura criminal con el fin de realizar triangulaciones de las falsas denuncias presentadas.
El anzuelo
El velo sobre la reclutadora se corrió casi de casualidad cuando un asegurado, militar retirado, que se encontraba trabajando para una aplicación de viajes y buscaba asesorarse para pedir un turno para cambiar la categoría del registro de conducir, encontró una publicación en una red social de una persona que, supuestamente, podría ayudarlo con el trámite. Hizo “click” en el enlace con el contacto y, en ese momento, apareció “Noelia”.
El jubilado notó que la usuaria compartía en sus estados de WhatsApp distintas conversaciones que tenía con otras personas y comprobantes de transferencias bancarias, en los que comentaba cómo ganaba dinero o instaba a sus contactos a contactarla para ganar dinero rápido.
Buscaba personas que le aporten datos de sus motos, por los cuales pagaba la suma de trescientos mil pesos a los aportantes, como así también de vehículos, por los que ofrecía 200 mil pesos. “Noelia” mencionaba, además, que “habría varios abogados involucrados en el negocio”.
Una de las capturas le llamó la atención al ex militar, debido a que su hijo tenía una moto. Le escribió al contacto y le consultó por la propuesta. “Noelia” respondió “espera” y, en una acción casi inexplicable, le reenvió un audio en el que se escuchaba la voz de un hombre, aparentemente su jefe, que explicaba, paso por paso, la maniobra ilícita. El mensaje estaba dirigido a “Mica”.
“Tienen que hacer videollamada vía Whatsapp con un médico, donde se le explica lo que tienen que decir, cómo fue, cuándo fue, dónde se atendieron. Dura realmente un minuto esa videollamada, no es muy larga y luego firman y cobran, ¿Está bien? No tienen que ir al médico…“, dice el hombre en el audio.
Y continúa: “Si van al médico, te dicen mirá yo puedo ir al hospital, conseguir unas placas, aunque no tengan nada, aunque no tengan golpes, vemos, lo charlamos, se flexibiliza esa parte y quizás hasta puede servir y se le paga un poquito más. Pero si no van al médico, no pasa nada, nosotros nos encargamos de la parte médica”.
Días atrás, la jueza De Luca denegó las excarcelaciones de Susana Alejandra Beatriz Lucas y de su marido Juan Carlos Cavallo, ambos abogados. Lo mismo hizo con Ariana Frank, la médica que, según el expediente, firmaba los certificados truchos.
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