Un operativo encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) finalizó con la clausura preventiva de un establecimiento químico en el barrio porteño de Nueva Pompeya, tras constatarse graves infracciones ambientales, sanitarias y de seguridad.
La diligencia se realizó este miércoles por la noche y continuaba este jueves en el inmueble ubicado en Romero al 800, donde funcionaba, a puertas cerradas y sin habilitación, la empresa Calidad Certificada SRL, dedicada a la elaboración de productos químicos para uso cosmético personal y capilar.
La inspección fue ordenada por el fiscal Matías Michienzi, con intervención del secretario Ricardo Bomparola, en el marco de la causa por presunta infracción al artículo 57 del Código Contravencional, que sanciona a quienes “colocaren o arrojaren sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos”.
La investigación fue impulsada por tareas de prevención realizadas por la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, que detectó el funcionamiento irregular de la fábrica.
Según el reporte policial, el establecimiento operaba sin cartelería identificatoria, con las persianas bajas y sin documentación que avalara la actividad.
Los agentes constataron que allí se acopiaban productos vencidos entre los años 2001 y 2018 y que se vertían residuos líquidos directamente a la red cloacal.
Durante la inspección, se secuestraron 634 bidones de entre 1 y 25 kilogramos con aceites, ácidos, sabores y otras sustancias químicas líquidas, además de cinco frascos y una botella con contenidos similares.
Todo el material fue dejado en el lugar como depositario judicial. Un hombre de 44 años y que oficiaba de gerente de la química investigada fue notificado como imputado en la causa.
Múltiples infracciones
En el operativo participaron también inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), junto al Laboratorio de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, Bomberos de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).
Las actuaciones administrativas derivaron en múltiples actas por infracciones. La DGFyC constató la falta de habilitación comercial, cuatro matafuegos vencidos, cables expuestos, ausencia de plan de autoprotección, y procedió a clausurar el establecimiento.
Por su parte, la DGCONTA labró actas por no exhibir certificado de aptitud ambiental, factibilidad de vuelco emitida por AySA, ni carpeta técnica, además de una acta circunstanciada que determinó la clausura inmediata.
A raíz de la detección de numerosos productos vencidos y residuos en condiciones irregulares, el secretario Bomparola ordenó la intervención del Laboratorio de Delitos Ambientales de la PFA, que tomó muestras de afluentes para su posterior análisis pericial.
Asimismo, se requirió la participación de la Brigada de Emergencias Especiales de Bomberos de la Ciudad, encargada de evaluar la peligrosidad de las sustancias halladas.
Debido a los protocolos de bioseguridad, el personal de bomberos informó que la inspección debía realizarse elemento por elemento, utilizando reactivos específicos para determinar el nivel de riesgo. Dado el volumen y diversidad de materiales almacenados, se indicó que la tarea demandaría varias horas de trabajo.
Por esta razón, y con autorización judicial, se decidió que los productos quedaran en resguardo dentro del establecimiento bajo clausura, continuando la inspección este jueves, en presencia de los bomberos, los policías y el imputado.
La empresa inspeccionada funcionaba en el rubro fábrica química, sin los requisitos mínimos de seguridad ni habilitación y con múltiples riesgos detectados para la salud pública y el ambiente.
Las muestras tomadas por los peritos permitirán determinar el grado de contaminación causado por el vertido de los residuos a la vía pública y al sistema cloacal.
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