Amenazaban y baleaban a los vecinos para que les guarden la droga: tres detenidos

Tres sospechosos fueron detenidos acusados de haber cometido lesiones graves con arma de fuego y amenazas, en el marco de una investigación que se inició tras varios ataques a tiros contra vecinos de los barrios Cooperativa Los Paraísos y Las Magdalenas, en la Ciudad de Córdoba.

Una serie de allanamientos realizados en las últimas horas dejó al descubierto esta modalidad de presión vecinal vinculada al narcomenudeo. Las identidades de los detenidos no fueron difundidas.

La investigación comenzó por las denuncias de los propios vecinos, los cuales terminaron con heridas de arma de fuego luego de recibir una serie de amenazas y amedrentamientos por negarse a colaborar con la banda delictiva.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, los tres detenidos forman parte de una estructura familiar. Uno de ellos es el padre; otro, el hijo. Ambos fueron señalados por los testigos como responsables de los disparos que provocaron lesiones en varios vecinos. El tercero también estaría vinculado a esos hechos. No se trataría de una banda en el sentido amplio, sino de una organización pequeña que ejercía control territorial en su entorno inmediato.

Según explicaron los investigadores, el modus operandi del clan tenía rasgos conocidos: una estructura piramidal, con quienes vendían, quienes almacenaban y quienes vigilaban. El patrón, replicado de esquemas observados en favelas de Brasil, se sostenía gracias a una red de presión social y favores.

Los narcos no guardaban la droga en sus propias casas: la repartían entre los vecinos. El líder de la banda alquilaba otras viviendas para que les guarden las sustancias que posteriormente comercializarían. Los vecinos que accedían a colaborar fijaban un precio, el que a veces también era pagado con la misma droga.

Además del almacenamiento, parte de los jóvenes del barrio eran designados como “perros” o “teros”, colocados estratégicamente en pasillos y esquinas para alertar sobre la presencia de personas desconocidas o vehículos sospechosos. Si alguien “pintaba” como policía o si aparecía un auto que no conocían, los vigías silbaban y ponían en alerta a toda la cadena. Así funcionaba la primera línea de defensa de los puntos de venta, los conocidos búnkers.

El esquema también incluía tácticas de persuasión: regalos, favores, medicamentos, traslados. Una suerte de comunidad artificial que buscaba asegurar el silencio. Sin embargo, cuando alguien se negaba a participar, la respuesta era directa. “A los que no se quieren sumar los quieren amedrentar a los tiros”, precisaron.

La presión sobre los vecinos, entonces, no era solo simbólica. Los disparos iban dirigidos a quienes no aceptaban guardar droga en sus viviendas o colaborar con la vigilancia. La amenaza era concreta y, en algunos casos, se concretó en heridas. Esas lesiones, finalmente, encendieron las alarmas y dieron inicio a la investigación que terminó con los tres arrestos.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron una pistola 9 milímetros, once cartuchos, un teléfono celular, dinero en efectivo y más de medio kilo de clorhidrato de cocaína y marihuana. Todo quedó bajo custodia de la justicia y fue remitido a las autoridades correspondientes.

A raíz del hallazgo de droga, tomó intervención la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que ahora encabeza una nueva línea de investigación para determinar el origen de las sustancias y la posible existencia de conexiones con otras localidades.

Por ahora, la justicia intenta determinar si los involucrados actuaban de manera autónoma o respondían a otros niveles de organización. “Comienza una investigación para dilucidar quién les trae la droga, de dónde proviene. Si es de Buenos Aires, de Rosario o si tienen una cocina propia”, señalaron fuentes del caso. En paralelo, los teléfonos incautados durante los allanamientos están siendo analizados en busca de información sobre los proveedores.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente, mientras que la FPA avanza en la trazabilidad de la droga secuestrada y en la posible expansión del caso hacia otras jurisdicciones.