José Luis Segovia, ex titular de la Jefatura Departamental Mar del Plata, recibió el beneficio del arresto domiciliario mientras aguarda el inicio del juicio oral en su contra, en el que será juzgado como supuesto jefe de una asociación ilícita mixta conformada por ex policías, operadores cambiarios y un abogado.
El fallo fue dictado por el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata, que estableció como condición que la detención domiciliaria será efectiva una vez que se instale el sistema de monitoreo electrónico correspondiente.
Además, el magistrado dispuso que Segovia no podrá tener ningún tipo de contacto, ya sea presencial o virtual, con los demás imputados en la causa, una medida que busca preservar la integridad del proceso judicial.
La decisión se conoció poco después de que se rechazara un pedido de nulidad presentado por su defensa y se confirmara la elevación a juicio de la causa, que investiga una red delictiva presuntamente articulada desde el corazón de la estructura policial local.
El expediente tiene su origen en una compleja pesquisa que reveló la existencia de un esquema presuntamente liderado por el propio Segovia mientras estaba en funciones, en el que —según el Ministerio Público Fiscal— se combinaban acciones de protección a actividades vinculadas al circuito financiero informal y la supuesta manipulación de investigaciones por delitos, como robos calificados. En ese contexto, el fiscal general adjunto Marcos Pagella mantuvo la acusación contra todos los imputados y solicitó la prisión preventiva hasta la realización del juicio, algo que fue resistido por los abogados defensores.
Según consignó el medio Ahora Mar del Plata, durante una audiencia celebrada recientemente, los letrados defensores de al menos siete de los acusados comparecieron ante el juez Daniel De Marco para solicitar distintas medidas, desde morigeraciones de las condiciones de detención hasta excarcelaciones o declaraciones de falta de mérito. Algunos plantearon que sus defendidos no representaban riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que podrían continuar el proceso en libertad o bajo modalidades alternativas de detención, como el arresto domiciliario.
El juez aún no resolvió todos los planteos, pero accedió a conceder ese beneficio a Segovia, quien se encontraba detenido desde que fue arrestado mientras ejercía como jefe departamental.
En total, son catorce los imputados en la causa. Entre ellos figuran Claudio David Alaniz, Javier Martín González, Christian Adalberto Holtkamp, Gastón Daniel Moraña, Nicolás Rivademar, Héctor Sabino Sosa, Jorge Javier Toletti, Juan Pablo Velázquez, Javier Collova, Mauricio Ramírez Armani, Jonathan Sonzogni, Cristian Gari y Lautaro Resúa. La investigación avanzó a partir de indicios que los vinculan a delitos como exacciones ilegales agravadas, encubrimiento agravado, falsificación ideológica de instrumento público, abuso de autoridad, estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Dentro de ese grupo, algunos ocupaban funciones clave en el presunto entramado. Javier González y Gastón Moraña, por ejemplo, están señalados como supuestos recaudadores de Segovia, mientras que Nicolás Rivademar, agente de la Policía Federal Argentina, cumple actualmente arresto domiciliario por su presunta intervención en un caso vinculado a la justicia federal.
También aparece el ex policía Christian Holtkamp y el cambista Jorge Toletti, quienes eran los encargados de monitorear que los denominados “arbolitos” cumplieran con las tareas asignadas. Según la causa, las reuniones para controlar sus movimientos se realizaban desde un café ubicado sobre avenida Luro.
El último detenido en el marco de esta investigación fue el abogado Lautaro Resúa, señalado como posible nexo entre varias partes de la organización. De acuerdo con las constancias del expediente, Resúa tenía relación con quienes están sindicados como recaudadores y se lo vincula también con la eventual participación en el desvío de causas penales.
Aún no hay fecha de inicio del definida, aunque se espera que sea una de las más extensas y complejas que se celebren en los tribunales de Mar del Plata. Fuentes judiciales anticiparon que podría haber un traslado parcial del expediente a la órbita federal, en función de la posible competencia en delitos vinculados con la compraventa ilegal de moneda extranjera e intermediación financiera no autorizada. Mientras tanto, todos los acusados continúan a disposición de la Justicia, bajo distintas condiciones procesales.
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