La caída de un condenado narco al que le habían baleado un bar, un gimnasio y un minimarket

Matías Carlos Herrera (39) es un personaje singular del narcotráfico en Rosario. Su nombre está asociado a una causa judicial por la que fue condenado por integrar una banda que traía droga –principalmente marihuana– a la ciudad, y también a distintos comercios que, casualmente, fueron noticias por haber sido atacados entre 2019 y 2023, ya sea con disparos como con bombas molotov. Lo último que se supo de él es que logró mantenerse prófugo de la Justicia federal desde julio del año pasado, cuando quedó firme la sentencia en su contra, hasta semanas atrás, cuando fue arrestado mientras estaba por ingresar a una fiesta electrónica.

Herrera comenzó a tener mención mediática en marzo de 2016 con la “Operación Guaraní” por la que se hicieron múltiples allanamientos en el Gran Rosario destinados a la estructura que lideraba desde la cárcel de Piñero Facundo “Macaco” Muñoz, sindicado como uno de los homicidas del líder de Los Monos Claudio Ariel “Pájaro” Cantero en 2013, aunque luego resultó absuelto en el juicio por ese crimen junto con Milton Damario y Luis “Pollo” Bassi.

En el legajo, la Justicia federal estableció que a través de Muñoz funcionaba una organización que traía droga a Rosario para abastecer los búnkeres que en ese entonces le hacían competencia a Los Monos. La marihuana, de acuerdo a las intervenciones telefónicas y los seguimientos hechos por la División Antidrogas de la Policía Federal, era comprada y transportada desde Corrientes.

En Rosario, siempre según la investigación, se utilizaban distintos lugares para “bajar” la droga. Uno de ellos era una cancha de fútbol 5 en la que tenía vínculo comercial Matías Herrera.

Por la “Operación Guaraní” hubo una docena de imputados. Herrera, entre ellos, pasó ocho meses en prisión preventiva efectiva, según indicaron investigadores judiciales a Infobae. Rápidamente volvió al ruedo, por lo menos comercial y en diferentes rubros, pero no volvió a tener investigación en su contra por comercio de estupefacientes.

En abril de 2019 su nombre volvió a figurar en las crónicas policiales. El bar del que era responsable comercial, situado en el barrio Pichincha, uno de los más turísticos de Rosario, fue atacado de doce tiros desde un auto. No hubo heridos porque el local estaba cerrado por reformas, pero el mensaje fue claro.

Cinco meses después de esa balacera, Herrera fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario por comercio de estupefacientes. El fiscal del juicio Federico Reynares Solari pidió allí que se lo investigue por lavado de activos, hecho que al día de hoy no se conoce si efectivamente ocurrió.

Como la condena no estaba firme, el joven continuó en libertad. Fue recién en julio del año pasado que la Cámara Federal de Casación ratificó la resolución, por la que debió presentarse ante la Justicia para quedar detenido, algo que no ocurrió. Por ese motivo, la División Antidrogas de la Policía Federal de Rosario le hizo seguimiento y lo arrestó en mayo, diez meses después del fallo.

Sin embargo, entre la condena y su reciente detención, Herrera y su familia fueron objeto de extorsiones y balaceras de parte de Los Monos a comercios que tenían en su poder. En una causa de alta complejidad, los fiscales provinciales Federico Rébola y Franco Carbone imputaron a Vanesa Barrios –esposa del jefe de la banda Ariel Máximo “Guille” Cantero– y a la presunta testaferro de la organización Mariana Ortigala, entre otras personas, por haber estado detrás de ataques contra un gimnasio ubicado en Fisherton y un inmueble de barrio Azcuénaga.

Según expusieron los fiscales, Herrera presentó a Vanesa Barrios a un abogado bonaerense y a un agente inorgánico de la SIDE, quienes ofrecieron conseguirle prisión domiciliaria a la esposa de “Guille” Cantero a cambio de 160 mil dólares. Los Monos pagaron esa suma, pero el beneficio prometido no llegó. Es por eso que la banda responsabilizó a Herrera por lo sucedido y empezó a balear o prender fuego sus negocios familiares para que absorba la pérdida generada.

Las intimidaciones del clan Cantero escalaron en julio de 2021, cuando dispararon contra un inmueble de la familia Herrera que estaba alquilado en barrio Azcuénaga. Dicha situación se repitió en enero del año siguiente, aunque en esa segunda oportunidad arrojaron una molotov y dejaron una nota. En enero de 2022 también le dieron una ráfaga de disparos al gimnasio en el que supo estar relacionado el joven condenado.

En carácter de víctima de las extorsiones, nunca hizo una denuncia, pero la Justicia provincial actuó de oficio y lo citó en varias oportunidades a declarar.

De acuerdo a la investigación provincial, Herrera le dio a Los Monos una camioneta y el inmueble de barrio Azcuénaga que había sido baleado y prendido fuego, como forma de compensar el robo que había sufrido la esposa de “Guille” Cantero.