El intendente de la localidad santafesina de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, en base a los datos aportados por vecinos, denunció la existencia de tres presuntos búnkers de drogas y tras una profunda investigación, la Justicia logró desmantelarlos y los demolió. En el operativo detuvieron a cinco sospechosos.
Fuentes policiales indicaron a Infobae que la denuncia fue presentada por el jefe municipal el pasado 20 de enero. A partir de ahí, la causa quedó a cargo del fiscal Iván Raposo, quien ordenó la intervención de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).
La investigación incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas, seguimiento de movimientos en la zona e identificación de los presuntos narcos. Finalmente, lograron identificar los tres puntos de venta de droga: estaban ubicados en la calle Pavón 1880 y 1890, y en Marenghini al 361. Tras un operativo simultáneo, los tres fueron demolidos.
En el procedimiento detuvieron en un principio a seis personas y se incautaron diversas evidencias vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, cinco de los sospechosos, identificados como Joaquín Miranda, alias “El Primo”, Micaela Villalba, Juan Manuel Silva, Brian Miguel Juárez, y Victoria Nahir Cabrera, recibieron prisión preventiva tras ser procesados.
El sexto individuo fue liberado al ser identificado solamente como comprador ocasional.
Uno de los búnkeres más significativos en este operativo fue el de Pavón al 1880. El lugar fue reconocido por haber sido investigado previamente por su relación con balaceras y posesión ilegal de armas. Además, esta propiedad se encontraba construida en un terreno usurpado, perteneciente al municipio de Venado Tuerto.
Ante la situación del inmueble y su vínculo con el tráfico de drogas, el fiscal Raposo -basado en la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239- ordenó su demolición.
El proceso de demolición de los búnkers fue llevado a cabo en un operativo coordinado entre distintos organismos, incluyendo fuerzas de seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, y la PDI, con lo que se aseguraron que no puedan seguir operando.
“Estamos cumpliendo con una medida judicial en el marco de una investigación de narcotráfico. Es crucial desactivar estos lugares para evitar no solo la venta ilegal de drogas, sino también las olas de violencia que generan”, afirmó Chiarella en el lugar, junto a la senadora Leticia Di Gregorio.
Entre los elementos secuestrados se encontraron más de 250 gramos de marihuana, cocaína fraccionada, una réplica de arma de fuego, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga, una planta de cannabis, picadores, una contadora de billetes y una suma cercana a los 380 mil pesos en efectivo.
El intendente Chiarella destacó la importancia de la colaboración institucional, agradeciendo alGobierno provincial, al fiscal Raposo, y a todas las fuerzas de seguridad por su apoyo firme en la ejecución de estas acciones. Remarcó que sólo mediante esfuerzos conjuntos es posible lograr un impacto real y significativo en la lucha contra el narcotráfico.
“Quiero destacar y agradecer al Gobierno provincial, al fiscal Iván Raposo, las fuerzas de seguridad provinciales como la PDI y la Unidad Regional VIII y al juez Mauricio Clavero que intervinieron por esta firme decisión de ir a fondo contra la venta de droga. Estas acciones demuestran que cuando se trabaja de manera articulada, con decisión política y respaldo legal, los resultados llegan”, expresó el intendente.
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