Desde su recusación el pasado martes en el juicio por la muerte de Maradona, las malas noticias se acumulan para la jueza Julieta Makintach. La confirmación de que protagonizaba un documental sobre el debate por el fallecimiento del Diez mientras oficiaba como magistrada en el caso, puso en duda su objetividad y en juego su reputación como funcionaria de la Justicia. También su futuro, porque desde entonces cada día se suman nuevos pedidos de juicios políticos en su contra.
Entre el martes y el viernes, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires recibió más de cinco pedidos de destitución de Makintach por su mal desempeño en el proceso oral donde se juzgaba la responsabilidad de siete imputados en la muerte del máximo ídolo del fútbol argentino.
La última institución que se sumó a la ola de denuncias fue el Colegio de Abogados de San Isidro, que en las últimas horas comunicó: “A partir de los graves hechos que son de público conocimiento, el Consejo Directivo ha tomado la decisión de constituirse en denunciante y promover el juicio político de la Dra. Julieta Makintach. De esta forma, el Colegio de Abogados San Isidro honra su compromiso con la comunidad y con sus matriculados de velar por la correcta Administración de Justicia”.
En ese marco, añadieron: “Cabe resaltar que el Colegio de Abogados de San Isidro ha promovido y logrado la destitución por mal desempeño de siete magistrados del departamento judicial”.
Los otros pedidos de enjuiciamiento a la jueza del escándalo de Maradona -que además de estar siendo investigada por la Fiscalía N.º 1 de San Isidro, también fue suspendida por 90 días por la propia Suprema Corte bonaerense- corresponden a dos bloques de diputados provinciales y varios particulares damnificados.
Uno de ellos fue realizado por el abogado Fernando Burlando en representación a las hijas de Diego, Dalma y Giannina Maradona.
Otro lo hizo el representante legal de Julio Coria, el custodio del Diez, que fue detenido el pasado 21 de marzo por dar falso testimonio en el juicio. Su arresto fue decidido por una mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, compuesta por los votos de las juezas Di Tommaso y Makintach, quien ahora es señalada por haber tenido otro interés detrás de sus decisiones en el debate: su papel en el documental.
También pidieron el juicio político de la magistrada los diputados provinciales de la Libertad Avanza (Florencia Retamozo, Agustín Romo y Fernando Compagnon) y de Unión por la Patria, cuyo documento fue presentado con la firma del diputado Rubén Eslaiman. A estos se les suma otra denuncia de Fernando Míguez, representante de la ONG Fundación por la paz y el cambio climático.
La jueza además fue suspendida en la Universidad Austral, donde era profesora de Derecho Penal. Las autoridades del establecimiento le abrieron un sumario como consecuencia de los hechos trascendidos en los últimos días.
Esta semana habrá novedades
Con estos antecedentes, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió “conferir vista” al procurador general, Julio Conte Grand, para determinar si corresponde, o no, denunciar a la magistrada para que se le inicie el juicio político en su contra, lo que llevaría a su posible destitución.
Conte Grand ya requirió que se le envíen las pruebas recolectadas en la causa en la que se investiga el rol de la jueza en el documental “Justicia Divina”, la cual es encabezada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo; bajo la calificación de averiguación de ilícito.
Ese mismo día, el procurador recibió el material solicitado y ya se encuentra evaluándolo y en un plazo de menos de 15 días deberá dar a conocer qué faltas administrativas o delitos aprecia sobre Makintach en este episodio. Fuentes judiciales señalaron a Infobae que algunos de ellos podrían ser incumplimiento de los deberes, abuso de autoridad, malversación o falta de decoro.
Conte Grand, como órgano máximo del Ministerio Público Fiscal, es el único que puede expedirse sobre la posibilidad de formalizar juicio político contra la jueza del escándalo.
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