Juicio por la muerte de Maradona: qué pasaría si la jueza Makintach renuncia y cuál es su situación judicial

En medio de la polémica desatada por su participación en un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, la situación de la jueza Julieta Makintach quedó en el centro de la escena judicial bonaerense. En apenas 48 horas, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires recibió cinco denuncias de particulares. A eso se suman tres líneas de investigación paralelas que avanzan de forma simultánea.

La primera fue impulsada por la propia Suprema Corte bonaerense, que inició una investigación de oficio ante la gravedad institucional que representaba la conducta desplegada por la magistrada. Esa pesquisa derivó rápidamente en una medida concreta: la jueza fue licenciada por 90 días.

Así lo explicó Ulises Giménez, Secretario Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con TN, quien además señaló que esta no es la primera vez que la Suprema Corte toma una decisión de esta naturaleza frente a una situación de gravedad.

A partir de lo resuelto por la Suprema Corte, también se le dio intervención al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, como representante de la vindicta pública. El objetivo es claro: determinar si del material reunido surgen elementos suficientes para solicitar la apertura de un juicio político. Giménez consideró que “es muy probable que eso suceda”.

La segunda línea de acción la encabeza la fiscal Carolina Asprella, junto a sus colegas Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes investigan la eventual comisión de delitos de acción pública por parte de Makintach.

En ese contexto, la jueza fue recusada del Tribunal en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde se juzgaba a los imputados por la muerte de Maradona, en un juicio nulo. La decisión judicial que la apartó del debate fue consecuencia directa del escándalo generado por su participación en el documental Justicia Divina, en el que tuvo un rol protagónico.

La tercera vía investigativa está a cargo de la Secretaría de Enjuiciamiento, que analiza si la conducta de la jueza constituye una falta, según lo estipulado por la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. En caso de avanzar el proceso y alcanzar la etapa de admisibilidad de la acusación, el escenario cambiaría por completo: la jueza quedaría suspendida por el órgano político y no podría presentar su renuncia. Además, comenzaría a aplicarse un descuento del 40% de su salario para cubrir eventuales costas si fuera condenada.

“Con esta notificación que se le hace al Procurador, se anticipan los tiempos y se acorta el proceso”, detalló Giménez en diálogo con TN, y agregó que una vez admitida la acusación, el Ejecutivo provincial debe abstenerse de aceptar una eventual renuncia.

Aun así, Makintach analiza renunciar para “descomprimir la presión”, según confiaron a Infobae fuentes cercanas a la magistrada. Sin embargo, existe un freno importante: de dimitir, perdería los fueros y quedaría inmediatamente expuesta ante la justicia ordinaria.

En ese caso, la persecución penal avanzaría sin restricciones, ya que la provincia no adhirió al sistema nacional de enjuiciamiento, y rige un esquema propio regulado por el Código Procesal Penal bonaerense, particularmente en su artículo 300, que establece el mecanismo del antejuicio.

El sistema bonaerense distingue entre delitos cometidos en ejercicio de la función judicial —que solo pueden ser juzgados mediante un proceso político específico— y aquellos ajenos a la función, de competencia exclusiva de la justicia penal común.

En este último supuesto, el jurado de enjuiciamiento toma intervención desde la primera audiencia: asume competencia, suspende al magistrado y, automáticamente, se activa la retención de haberes y la prohibición de renuncia.

La jueza Makintach, según precisó Giménez, “no tiene ni el tiempo en la magistratura ni la edad” para acceder a ciertos beneficios propios del régimen judicial, lo que también influye en sus opciones. Si finalmente presenta su renuncia, como se evalúa en su entorno, quedaría como cualquier otro ciudadano frente a los tribunales.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se vio severamente afectado por las derivaciones del caso Makintach. Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso declararon la nulidad del proceso y habrá que hacer un nuevo juicio.

La Constitución bonaerense dedica siete artículos al sistema de enjuiciamiento de magistrados y establece la conformación del jurado de enjuiciamiento con once miembros: el presidente de la Suprema Corte —actualmente Hilda Kogan—, cinco jueces de la Corte, cinco abogados de la matrícula y cinco legisladores con formación jurídica, todos sorteados en actos públicos. Para cada caso, se designa un jurado distinto.

La resolución del futuro de Julieta Makintach, en definitiva, se encuentra en un punto de inflexión: si decide renunciar, su situación procesal podría agravarse de inmediato. Si, en cambio, opta por enfrentar el proceso institucional, quedará sujeta a las consecuencias políticas y disciplinarias del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires.