El asesinato de Patricia Rosa Saad, ocurrido en julio de 2018 en la localidad de Tanti, provincia de Córdoba, acaba de dar un giro inesperado. A casi siete años del crimen, la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba absolvió al único imputado que tenía la causa y dispuso que el expediente vuelva a la fiscalía de origen para que se retome la investigación desde otras hipótesis.
Carlos Rubén Soria, un hombre de 73 años, había sido detenido el 31 de agosto de 2023 por orden de la fiscal del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez. Estaba acusado de homicidio calificado por alevosía, y desde mayo de 2024 cumplía arresto domiciliario. Las sospechas sobre él habían surgido tras largos años de una investigación sin avances y se basaban en su vínculo con la víctima a través de actividades laborales y en una presunta deuda impaga que, según los investigadores, podría haber sido el motivo detrás del crimen.
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Durante el juicio, sin embargo, las pruebas que lo incriminaban comenzaron a desmoronarse. “Vimos que Soria no tenía ningún tipo de participación y responsabilidad en el hecho, era muy clara la evidencia de que él no había hecho nada”, declaró José Nayi, abogado de la familia Saad, en diálogo con El Doce. A raíz de las nuevas evidencias y testimonios que surgieron en las audiencias, el tribunal decidió absolver al imputado y devolver el caso a la Fiscalía para que se avance con otras líneas investigativas.
El homicidio de Saad generó conmoción desde el primer momento. La víctima, una ingeniera jubilada de 61 años, era reconocida en la zona por su trabajo en el rubro de la construcción. Vivía sola en una casa ubicada sobre la calle Chaco al 100, donde además administraba un emprendimiento de alquiler de maquinaria para movimiento de suelo. También solía prestar dinero a personas de su entorno, una práctica que, según fuentes del caso, quedó documentada en un cuaderno donde anotaba los nombres de sus deudores.
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El 16 de julio de 2018, el cuerpo de Saad fue hallado en el interior de su vivienda. Había sido asesinada con once golpes en la cabeza. La escena del crimen despertó interrogantes desde el principio: el agresor no se llevó ni el celular de la víctima ni los 10 mil pesos que ella guardaba en la casa. Ese dato fue determinante para los primeros análisis.
La investigación, dirigida en su primera etapa por la fiscal Gómez, estuvo años sin avances sustanciales. No fue sino hasta cinco años después que el expediente volvió a tomar impulso. El nombre de Soria comenzó a circular con fuerza dentro de la causa luego de que se constatara su relación con la víctima, a quien conocía por negocios anteriores y con quien —según pudieron saber las autoridades— mantenía una deuda significativa.
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El nombre “Carlos” figuraba repetidamente en el cuaderno personal de Saad, el mismo en el que llevaba el control de los préstamos que realizaba. Según el expediente, ella había sido vista angustiada días antes del asesinato, preocupada por no poder cobrar una deuda de 100 mil dólares. Ese dinero, siempre de acuerdo con el relato judicial, se le atribuía al ahora absuelto. La acusación se reforzó con otros elementos: contradicciones en sus declaraciones y el registro de su teléfono celular en la zona de la casa al momento del hecho. A pesar de esos indicios, durante el juicio, la defensa logró demostrar que la prueba no era concluyente.
Las audiencias revelaron un detalle crucial. En el debate oral surgieron nuevas hipótesis que apuntaban a otras personas, incluso a otros prestamistas vinculados al círculo financiero informal en el que se movía la víctima. “Hoy se sigue una línea sobre otros prestamistas. Hay bastante prueba recolectada sobre otra persona y desconocemos por qué la Fiscalía no siguió esa hipótesis”, agregó José Nayi al sitio Carlos Paz Vivo. El abogado sostuvo que las falencias en la instrucción inicial y las nuevas pistas exigen una revisión completa del caso.
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La Cámara Tercera del Crimen consideró que las dudas eran suficientes como para desvincular a Soria, quien quedó en libertad. La resolución incluyó el reenvío del expediente a la Fiscalía para que avance en otras direcciones, con foco en las nuevas evidencias que surgieron durante el juicio.
El caso, que parecía haber encontrado una respuesta tras años de incertidumbre, vuelve ahora a foja cero. La muerte de Patricia Saad sigue sin justicia. El expediente, tras su paso por los tribunales, vuelve a manos de la fiscalía que deberá determinar si existió una trama más amplia detrás del crimen de la empresaria. Mientras tanto, los nombres que comenzaron a aparecer en las audiencias serán objeto de nuevas pesquisas.
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