Un policía de 30 años fue imputado por el delito de homicidio preterintencional tras ser acusado de matar a su tío durante una violenta discusión en la ciudad de Santa Fe, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El fiscal a cargo del caso, Estanislao Giavedoni, presentó los detalles del incidente ante el juez Sergio Carraro, quien ahora deberá decidir sobre la situación procesal del imputado.
El hecho ocurrió en la mañana del pasado lunes 12 de mayo en una vivienda ubicada en la calle San Lorenzo al 6500, en el barrio Los Hornos.
Según los detalles expuestos por el fiscal Giavedoni, el acusado y la víctima iniciaron una discusión que rápidamente escaló a una confrontación física. Durante el altercado, el hombre fallecido habría tomado un cuchillo tipo serrucho con la intención de atacar a su sobrino, quien es miembro de la fuerza policial.
En medio de la disputa, la madre del fallecido y abuela del imputado intervinieron para desarmarlo, logrando quitarle el arma blanca. Sin embargo, la pelea continuó y, según la reconstrucción de los hechos presentada por el fiscal, el policía tomó del cuello a su tío y lo ahorcó, provocando su desvanecimiento.
Tras el incidente, la mujer que presenció los hechos alertó al 911, lo que permitió que personal de una comisaría cercana llegara rápidamente al lugar.
Los agentes intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre hasta la llegada de médicos del Servicio 107, quienes lograron reanimarlo y lo trasladaron al Hospital José María Cullen. A pesar de los esfuerzos, el hombre falleció poco después debido a un paro cardiorrespiratorio.
El policía fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente notificado de la imputación en su contra. De acuerdo con lo detallado por el Ministerio Público de la Acusación, el delito que se le atribuye es homicidio preterintencional, una figura penal que se aplica cuando el resultado de muerte no es intencionado, pero ocurre como consecuencia de una acción violenta.
Según informó el portal de Noticias Argentinas, el fiscal Giavedoni adelantó que solicitará la prisión preventiva del acusado, argumentando la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar el desarrollo del proceso judicial. Por el momento, el juez Carraro deberá evaluar los elementos presentados por la fiscalía para determinar si corresponde dictar esta medida cautelar.
Imputaron a siete policías por torturas
Se trata de Miguel Alberto Aguilar, quien se desempeñaba como titular de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Santa Fe. Él fue acusado de ser coautor de los delitos de omisión, de evitar torturas, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, comercio de estupefacientes e integración en una asociación ilícita.
Los otros involucrados fueron identificados como Jesús Ángel Balais, Guillermo David Toledo, Fernando Nicolás Ferreira, Iván Severino Schneider, Gerardo Pérez y Sergio Robledo. Sobre ellos, recaen cargos similares en carácter de coautores.
El incidente en cuestión ocurrió el 13 de agosto de 2024 en el barrio Azcuénaga, cuando un grupo de policías provinciales, bajo el mando de Aguilar, realizó un allanamiento sin contar con una orden judicial. Durante el operativo, los agentes habrían robado 15 ladrillos de cocaína, armas de fuego, 50.500 dólares y 285.000 pesos Según el planteo de la Fiscalía, estos elementos fueron sustraídos con el fin de lucrar con el narcotráfico.
El fiscal federal Javier Matías Arzubi Calvo, quien supervisó la investigación, describió la situación como un abuso de poder grave. De acuerdo con su acusación, Aguilar no solo permitió que se llevaran a cabo actos ilegales bajo su supervisión, sino que participó activamente en la obtención de datos mediante la tortura de los detenidos.
En su argumentación, la fiscal María Virginia Sosa calificó al jefe policial como “un verdadero pedagogo de la ilegalidad”, haciendo énfasis en su rol crucial para la ejecución de los hechos delictivos. Desde su punto de vista, el método utilizado por los policías para obtener información sobre el proveedor de drogas al que se referían como “pez gordo” consistió en amenazas, golpes y la utilización de una picana eléctrica sobre los cuerpos de los detenidos.
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