Este martes comenzaron los alegatos en el juicio por la muerte de recién nacidos en el Hospital Neonatal de la Ciudad de Buenos Aires. Una enfermera y diez exfuncionarios públicos enfrentan cargos por el homicidio de cinco bebés y el supuesto intento de asesinato de otros ocho.
Brenda Agüero está señalada como autora directa de los homicidios, mientras que el resto de los imputados —entre quienes hay un exministro de Salud provincial, profesionales médicos y un exresponsable del área legal del ministerio— son juzgados por omisión de deberes, encubrimiento y falsedad ideológica.
Según indicaron medios locales, el tribunal de la Cámara Séptima del Crimen y los jurados populares escucháran la exposición de fiscalía entre hoy y mañana. De haber tiempo, le seguirán las querellas.
El diario La Voz del Interior detalló que, entre las pruebas, se incluyen pericias médicas, químicas y toxicológicas; un informe sobre el comportamiento criminal, testimonios de madres y personal de salud, análisis técnicos de los celulares e informes de los policías asignados que conectan todos los relatos, entre otras.
Se pondrá énfasis en los patrones que se repiten entre las víctimas: bradicardias, descompensaciones súbitas, y, en ciertos casos, pinchazos; en otros, niveles de hiperpotasemia o hiperinsulinemia incompatibles con la vida y que no pueden atribuirse a causas naturales.
Además, se va a sostener una demanda civil contra el Gobierno y los imputados. Según la prensa local, tanto la fiscalía como las querellas podrían reclamar resarcimientos por daños morales, patrimoniales, psicológicos y de otro tipo.
El defensor de la enfermera imputada, Gustavo Nievas, afirmó que los fiscales van a pedir la prisión perpetua. “Se vienen días difíciles”, dijo, en diálogo con Noticias Argentinas.
Y agregó: “El penal de Bouwer está pesadito por toda la difusión que le van a dar los medios de comunicación al caso. La mitad de lo que van decir los fiscales es mentira y falta para que aleguemos nosotros porque va a pasar un fin de semana largo". El veredicto se dictaminará el 2 de junio.
“Certeza absoluta”
El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, afirmó que tanto él como la fiscal Mercedes Ballestrini tienen “certeza absoluta” de que Agüero fue la autora material de los hechos. Mientras que la segunda se encargará de detallar los 13 incidentes y sus conexiones, Ruiz Moreno enfocará su presentación en la autoría y el perfil serial de la acusada.
También aseguró que la acusación contra los funcionarios públicos se mantiene sólida. Solo se evalúan modificaciones menores que “no afectan el reproche general”.
En tanto, Daniela Morales Leanza, querellante junto a Nicolás Ruades por seis de las madres víctimas, enfatizó: “Quedó sumamente acreditado que hubo suministro de sustancias: potasio, en la mayoría de los casos, e insulina, en dos”.
Y añadió: “Está probada no sólo la omisión por parte de quienes tenían el deber de actuar, sino también el encubrimiento. Tenían conocimiento de lo que estaba pasando y quién podía estar detrás. Tomaron medidas internas en el hospital sin hacer la denuncia”.
En ese sentido, la letrada reveló que se solicitará que otras tres personas sean investigadas por su responsabilidad en el caso.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a otras tres madres, sostuvo que los funcionarios intentaron entorpecer la investigación alterando registros, autorizando cambios de medicación, desalentando autopsias y no dando intervención a la Justicia “ante muertes que no se correspondían con causas médicas”.
Pese a que la principal imputada es Agüero, otros especialistas se encuentran implicados en el caso: Diego Hernán Cardozo (médico cirujano y exministro de Salud de Córdoba); Pablo Miguel Carvajal (médico especialista en Terapia Intensiva de Adultos); Liliana Asís (médica especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, ex directora del Hospital Materno Neonatal); Claudia Elizabeth Ringelheim (especialista en Obstetricia y Tocoginecología); Martha Elena Gómez Flores (médica cirujana con especialidad en Neonatología); Adriana Luisa Moralez (médica especialista en Neonatología); Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, exjefa de Enfermería del Hospital Materno Neonatal); Julio Alejandro Escudero Salama (abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud); María Alejandra Luján (médica especialista en Pediatría y Neonatología, exjefa de guardia); y Alejandro Gabriel Gauto (abogado, exjefe del Área Legales del Ministerio de Salud).
Por otro lado, Ariza es considerada como la supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.
Cardozo, Asís, Carvajal y Gauto están acusados por el delito de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, mientras que Ringelheim, Gómez Flores, Moralez, Escudero Salama y Luján están señalados por omitir sus deberes como funcionario público en concurso real con falsedad ideológica, en línea con el planteo de la defensa.
El caso
La cronología de los hechos comienza el 18 de marzo de 2022, con la descompensación de V.U.M. y el fallecimiento del bebé Francisco Calderón Cáceres, y termina el 7 de junio del mismo año.
La denuncia ante la Justicia se hizo recién un mes más tarde, el 4 de julio. Aunque las personas que sabían lo que estaba pasando en el centro médico se contaban por decenas, nadie reportó formalmente la cadena de tragedias y descompensaciones inexplicables. Tampoco hubo fiscales o funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.
Las muertes de Angeline Cornelio Rojas y Melody Luz Molina, el 6 y 7 de junio respectivamente, terminaron de exponer una trama que para esa fecha ya era evidente. Previo a estas tragedias, en menos de 90 días tres bebés habían muerto y otros ocho se habían descompensado sin explicación: los partos habían salido bien, y tanto ellos como sus madres estaban sanos.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas suficientes para afirmar que Brenda Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina. Creen que lo hizo de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.
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